Caso Morales: reprogramaron las indagatorias de los cuatro policías

El contexto de pandemia demorará las indagatorias de los policías imputados por la muerte de Florencia Magalí Morales. Las audiencias previstas para este lunes fueron pospuestas para el 14 de junio, le confirmó ayer a El Diario Santiago Calderón Salomón, uno de los abogados que representa a la familia de la mujer de 39 años, cuya circunstancia de muerte es materia de un expediente judicial que tramita en el Juzgado Penal de Santa Rosa del Conlara.

“Atento a lo dispuesto mediante el Acuerdo 202/21 del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, por medio del que se resuelve ‘prorrogar las disposiciones del Acuerdo 188/21 y la aplicación del Protocolo de Prestación de Servicio de Justicia durante la pandemia por COVID-19 anexo al mismo hasta el día 11 de junio de 2021 inclusive, quedando reanudados los términos procesales…’ y teniendo presente que el defensor oficial (NdP: Francisco Pérez), como otros cinco empleados de este Juzgado, se encuentra aislado y atravesando la enfermedad generada por la COVID-19, a fin de garantizar la salud de las partes, de los justiciables, de los dependientes de este Juzgado y de los demás auxiliares de Justicia intervinientes en las medidas oportunamente ordenadas, dispongo suspender las audiencias indagatorias fijadas para el 31 de mayo de 2021”, indica la resolución firmada por el juez Jorge Pinto. El magistrado, además, reprogramó la exhibición de elementos (que sería mañana) para el 15 de junio.

La querella no tiene información respecto a si los policías investigados —María Eugenia Argüello, Johana Paola Torres, Marcos Ontiveros y Heraldo Clavero— se presentarán con abogados particulares. Argüello está imputada por “Incumplimiento a los deberes del oficio en concurso real con el delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público”. Torres por “Incumplimiento a los deberes propios del oficio” y Ontiveros y Clavero por “Aplicación de severidades a un detenido siendo funcionario policial en concurso real con el delito de incomunicación indebida del detenido, ambos en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

En su oportunidad, el fiscal Roberto Silvestre consideró que esos cuatro policías y uno más, Gabriel Tarano, debían ser llamados a declarar por lo prescripto en el artículo 249 del Código Penal, que refiere que será penado con multa e inhabilitación especial de un mes a un año “el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.

Al respecto de las figuras por las que el juez Pinto los llama a indagatoria, Calderón Salomón dijo que, junto a su colega Federico Putelli, hacen dos lecturas. Por un lado, “tomando en cuenta que el defensor había solicitado el archivo y aún no había habido llamado a indagatoria a pesar de haber transcurrido un año, eso nos hacía dudar sobre cómo continuaría la causa. Por eso, es positivo que se haya llamado a indagatoria, y por delitos que son más graves que aquel que había señalado el fiscal”. Y acotó: “Pero los hechos en sí requerían que fueran indagados por otros delitos, que son el incumplimiento de los deberes de funcionario público, las lesiones y el abuso de autoridad, y entendemos que hay semiplena prueba”. Al margen de eso, la querella entiende que por tratarse de la muerte violenta de una mujer, desde el inicio se debería haber aplicado el protocolo para la investigación de femicidios, más allá de que, en el devenir, podrá demostrarse o no si el hecho encuadra en esa figura.