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Con la aplicación de los nuevos códigos, prevén que la Justicia sea más ágil

El Penal pasará del sistema inquisitivo al acusatorio, mientras que el de Familia es inédito en la Provincia.

Por redacción
| 13 de agosto de 2021
Cambios. La Cámara Gesell también atenderá a personas vulnerables. Foto: El Diario.

Varios de los diputados que participaron este miércoles del debate por la aprobación de las cuatro leyes que reformarán la Justicia puntana calificaron la jornada como "histórica". La legisladora Fabiana Zárate, abogada de profesión, fue la más clara en este punto. El Código Procesal Penal que actualmente rige la provincia, y que seguirá vigente hasta febrero del año que viene, cuando se ponga en funcionamiento el nuevo, sigue lo elaborado en 1909, hace 111 años, por el reconocido jurista puntano Tomás Jofré.

 

El código fue considerado de avanzada para su época, explicó Zárate, y de hecho la provincia de Buenos Aires adoptó varios de sus elementos. Allí estaban las bases del sistema "inquisitivo" del proceso penal. El miércoles pasado, luego de más de un año de reuniones de una comisión interdisciplinaria de la que participaron los tres poderes del Estado, colegios profesionales y académicos, fue aprobado el nuevo código, que establece un sistema "acusatorio".

 

La diputada provincial María Eva Morel, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue la encargada de explicar la diferencia entre ambos sistemas. El cambio fundamental que traerá es que la investigación pasará de manos del actual juez de Instrucción a manos del fiscal y así se asegurará la imparcialidad del magistrado, que antes estaba embebido en la investigación y debía luego emitir un pronunciamiento.

 

Ambos códigos promueven el proceso oral en lugar del escrito, para lograr más agilidad.

"Es un sistema adversarial, de igualdad de condiciones, donde la atribución de la acción siempre corresponde al fiscal, mientras que el juez se halla en estado de imparcialidad ante la prueba del fiscal, el imputado y el abogado defensor", resumió la legisladora. Ahora los jueces serán de "garantía" y dejarán de ser de Instrucción.

 

Por otro lado, el nuevo código tiene como objetivos favorecer la oralidad en el proceso y la interpretación de las normas con perspectiva de género. Y plantea los "principios de oportunidad", esto es la resolución de conflictos por vías alternativas a la sanción penal e incluye acuerdos conciliatorios y la reparación integral del daño.

 

Además, la Cámara Gesell (el sistema para que la persona no sufra revictimización durante la entrevista psicológica) pasará de atender solamente a los menores víctimas de delitos a atender a todas aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad. Entre otras modificaciones, se impulsarán los "procedimientos en flagrancia", un trámite abreviado para juzgar a las personas que son captadas cometiendo el delito "in fraganti" y no se requiere de una investigación más profunda.

 

 

Para resguardar a las familias

 

El otro cuerpo normativo de importancia sancionado fue el de Familia, Niñez y Adolescencia, que no tenía una versión previa en la provincia, si bien existe una ley específica de violencia familiar y se aplicaba el código de procedimientos civil previamente.

 

Para hablar de este código indefectiblemente hay que referirse a la Ley Orgánica de Administración de Justicia, apuntó el diputado provincial Juan Pablo Funes Bianchi, quien explicó la nueva norma en el recinto. Es que el organigrama modificado reunifica los fueros de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia, que desde 2016 estaban separados. Esto provocaba muchas veces que una misma familia tuviera causas abiertas en distintos juzgados a la vez.

 

El nuevo código favorecerá la agilidad del proceso, atendiendo al daño que provoca en las familias la extensión de las causas por un tiempo indefinido. Esto refiere al principio de "tutela judicial efectiva" por el que se debe asegurar el acceso a la Justicia a través de procedimientos cortos, para lograr el mejor resultado en el menor tiempo. Y como el Código Procesal Penal, el de Familia también favorecerá la oralidad del proceso. Por otro lado, se atenderá a la escucha de niños, niñas y adolescentes en los procesos de los que sean parte.

 

Los jueces, además, deberán especializarse en la temática y tomar decisiones respaldadas en equipos multidisciplinarios compuestos de psicólogos y trabajadores sociales.

 

Otro principio importante será el "interés superior del niño", un compromiso del Estado y sus funcionarios para que se garantice el goce máximo de sus derechos.

 

El código abarca cuestiones como adopción, tenencia, alimentos y divorcios, y todo lo relacionado a cuestiones patrimoniales y económicas de la familia. Entre ellas está, por ejemplo, la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, en la que se determinan las reglas generales, las medidas de protección y plazos máximos de intervención judicial. Por último, el código remarca que en los procesos de violencia familiar se buscará no solo dictar medidas de protección, sino también de sanción y un abordaje de la discapacidad y la salud mental que garantice la participación de las personas involucradas.

 

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