El Gobierno de San Luis no quiere hablar de la suba de la pobreza: 17 puntos en seis meses

El bloque del Frente Unidad Justicialista presentó tres proyectos ante la alarmante escalada del coeficiente de pobreza (36,9% al 53,8%) y de indigencia (5,6% al 9,8%) en el primer semestre de 2024. Sin embargo, por mayoría, el bloque que responde al oficialismo, con el acompañamiento de sus aliados, rechazó dos de las iniciativas, entre ellas una solicitud de informes al Ejecutivo provincial.

 

El otro proyecto que fue negado expresaba la preocupación por la situación socioeconómica de la provincia y el que sí fue aprobado fue uno referido a que el flagelo de la pobreza e indigencia sea tratado en comisión.

 

En el pedido de informes, se le peticionaba al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del organismo que corresponda, detalle “las acciones que prevén tomar como política pública con relación a los datos que se dieron a conocer acerca de que el índice de pobreza trepa en 53,8 % y una indigencia del 9,8% en toda la provincia”.

 

Además, se le solicitaba que responda sobre las siguientes cuestiones:

 

1) Detalle las medidas y acciones pertinentes a tomar para reducir la pobreza e indigencia en todo el territorio provincial dentro de los próximos 3 meses.

 

2) Informe las acciones y políticas públicas que ha llevado a cabo el poder Ejecutivo provincial por medio del ministerio correspondiente dentro de estos 6 meses de gestión.

 

3) Informe las partidas presupuestarias destinadas a políticas de niñez, adolescencia y familia desde el 1º de enero de 2024 en adelante y cómo fue su ejecución.

 

4) Informe que políticas públicas de asistencia a familias que viven en extrema vulnerabilidad han ejecutado y/o planean ejecutar.

 

 

Sonia Delarco y Joaquín Beltrán fundamentaron los proyectos del PJ. Foto: captura.

 

 

“El más alto de la Región de Cuyo y el peor registro histórico para la provincia”

 

 

Por su parte, en el proyecto de preocupación que el poggismo se negó a aprobar, los justicialistas expresaron que:

 

-Estos índices sitúan a San Luis como uno de los 31 aglomerados urbanos con el mayor aumento de estos indicadores, lo que evidencia una profunda crisis socioeconómica que afecta a miles de familias sanluiseñas.

 

-Este panorama económico es profundamente preocupante, ya que significa que más de la mitad de los habitantes de la provincia viven en condiciones de pobreza, sin acceso a los recursos básicos para una vida digna.

 

-La pobreza no solo implica la falta de ingresos suficientes, sino también la carencia de oportunidades para el desarrollo pleno de las personas, afectando su acceso a la salud, la educación y la vivienda, todos derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la Provincia de San Luis.

 

- La Constitución de San Luis, en su Artículo 12, “impone al Estado la obligación de responder ante sus ciudadanos y ser garante de sus derechos, bajo la responsabilidad de crear condiciones sociales y económicas que aseguren el bienestar general”.  Sin embargo, la actual crisis social y económica refleja una grave falta de gestión en la implementación de políticas públicas que protejan a los sectores más vulnerables y favorezcan la inclusión social.

 

-El creciente número de personas en situación de pobreza y la paralización de políticas activas para el desarrollo económico y la generación de empleo evidencian la falta de medidas eficaces por parte del gobierno provincial para mitigar los efectos de esta crisis.

 

-Es fundamental que el Estado asuma con responsabilidad su rol de garante de los derechos fundamentales.

 

-La inacción y las medidas de ajuste implementadas han contribuido a empeorar la situación, lo que se traduce en mayores niveles de exclusión y desigualdad.

 

En un contexto de crisis inflacionaria y ajuste fiscal, el Estado debe priorizar la protección de los sectores más desfavorecidos, implementando políticas sociales y económicas que tiendan a revertir estos indicadores alarmantes. Frente a la situación actual, resulta menester que el gobierno provincial revierta las medidas de ajuste y paralización de políticas que antes motorizaban la economía y generaban empleo.

 

-Resulta imperioso retomar el camino de la inclusión y el desarrollo equitativo, que permita a todos los habitantes de San Luis acceder a una vida digna y a un futuro próspero.

 

“Por todo lo expuesto, solicitamos que se exprese formalmente nuestra profunda preocupación por la situación económica y social que atraviesa la provincia de San Luis, y que se inste al Poder Ejecutivo provincial a tomar las medidas necesarias para revertir este alarmante cuadro de pobreza e indigencia, garantizando así los derechos constitucionales de los sanluiseños y el bienestar general de la provincia”, expresa el proyecto.