Manipulación política y desconocimiento: la triste realidad legislativa en San Luis

En estos días, he recibido una invitación por parte de la Legislatura de la provincia de San Luis para que, en carácter de exministra, explique mi intervención en el caso de violencia de género que involucra a Fabiola Yañez y al expresidente Alberto Fernández. Como mujer, como ciudadana, como alguien que estuvo al frente del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, me veo en la obligación de señalar que esta invitación es un abuso de poder y un claro intento de manipulación política guiada por intereses mezquinos.

Cabe recordar que me presenté de manera voluntaria en la Justicia, aportando toda la información necesaria en el marco de la causa correspondiente. Esta invitación, además de dejar en evidencia que en San Luis se está usando el poder del Estado para (intentar) amedrentar, refleja una falta absoluta de entendimiento sobre cómo se deben abordar estos temas sensibles.

En primer lugar, en Argentina contamos con una legislación robusta, como la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, que no solo protege a las víctimas, sino que también establece un marco claro para la actuación de las instituciones. No podemos perder de vista que la ley pone en el centro a la víctima y cualquier acción que se tome debe tener como prioridad su protección y el respeto de sus derechos. Las instituciones deben ser cuidadosas en este sentido y es preocupante cuando el desconocimiento de estos principios se hace evidente.

Claramente, lo que está haciendo la Legislatura provincial es usar este caso para fines políticos, ignorando las normativas que buscan proteger a quienes han atravesado situaciones de violencia, muy acorde con los tiempos que vivimos en la provincia y en la nación.

Asumo que los legisladores están capacitados en violencia de género, ya que es su obligación por la Ley N° I-1016-2019, y, por lo tanto, deberían saber lo que significa la revictimización. Así y todo, parece que nunca piensan en las víctimas. Necesitamos mucha más Ley Micaela.

No permitiré que esta maniobra burda y autoritaria pase inadvertida. En lugar de centrarse en fortalecer las políticas de género, la Legislatura parece más interesada en utilizar estos casos sensibles para ganar menciones en los medios, ignorando las verdaderas necesidades de las víctimas y las conquistas logradas en materia de derechos. Tirar el peso del Estado sobre una persona no solo es un despropósito, sino que refleja un deseo de persecución política.

La Justicia tiene mi total disposición. Ya me he presentado ante ella y seguiré colaborando con el proceso judicial hasta que se llegue a una resolución definitiva. Mientras tanto, no responderé a una interpelación que no tiene sustento ni legitimidad, ya que cualquier declaración fuera del ámbito judicial puede poner en riesgo los derechos de la denunciante y la correcta resolución de la causa: los legisladores, más que nadie, deberían saber eso.

En este contexto, quiero recordarles a los legisladores de San Luis que su labor debe centrarse en crear leyes que protejan y amplíen los derechos de las mujeres y las diversidades de la provincia, no en retroceder hacia prácticas del siglo XIX. Deben explicar cómo piensan mejorar la vida de los puntanos y puntanas, no cómo van a utilizar los casos de violencia para sus propios fines de marketing político.

Es fundamental que se honren las instituciones y no que se utilicen como instrumento de amedrentamiento y persecución para desviar la atención de lo que realmente importa: las prioridades deben estar puestas en fortalecer las políticas públicas que promuevan la igualdad y el compromiso con una democracia genuina, en lugar de distraerse con acciones que no contribuyen al avance de estas causas.