Derrumbe trágico: hay pruebas para un llamado a indagatoria

Han citado a cuatro testigos, dos para este viernes

El 4 de agosto de 2020, cuando ocurrió el derrumbe de la propiedad ubicada en Aristóbulo del Valle y San Juan —que les costó la vida a la dueña, Nélida Deolinda Romero de Gitto, de 83 años, y a Javier Rodríguez, un joven de 20 años que trabajaba en refacciones— al frente del Juzgado Penal 1 estaba el juez Marcos Flores Leyes, quien coordinó la investigación hasta junio pasado, cuando se hizo cargo de ese juzgado Juan Manuel Montiveros Chada. “La causa está en etapa de reproducción de prueba. El lunes (2 de agosto) ordené medidas. Son audiencias testimoniales de cuatro personas, dos de las cuales han sido citadas para este viernes y las restantes, para la próxima semana. Una de estas personas es el ingeniero (Gabriel) Gutiérrez, quien oportunamente ofreció una pericia y ha sido citado para ratificar dicho informe y ampliarlo”, informó el magistrado cuando El Diario le consultó sobre el estado actual del expediente. Y señaló que estos eran los únicos detalles que podía brindar hasta tanto se realicen dichas audiencias.

El plano aprobado data de 1970 y la última habilitación comercial fue dada de baja hace 9 años

A criterio de la fiscal de Instrucción 1, Eugenia Zabala Chacur, con las pruebas reunidas hasta el momento podría pedirse un llamado a indagatoria. Se trataría de Oscar Gitto, hijo de la anciana que falleció, a quien los testigos han señalado como el responsable de los distintos comercios que funcionaron en el lugar y de las remodelaciones que se fueron realizando cada vez que el inmueble se adaptaba a los distintos rubros.

La funcionaria judicial dijo que él es señalado como la persona que usufructuaba la propiedad y los distintos contratos de alquiler que formalizaba. En el expediente está agregado el último contrato, por el que iba a comenzar a funcionar una concesionaria de autos, circunstancia que motivó las últimas modificaciones en el inmueble, que no fueron soportadas y que ocasionaron el derrumbe.

“Hasta el momento, con lo recolectado se encuentra configurado el grado de sospecha que requiere el Código Procesal Penal para el llamado a indagatoria de Gitto, dado que todos los elementos concurren o son coincidentes en indicarlo a él como el responsable”, explicó. Adelantó que el delito a imputar sería "Doble homicidio culposo y lesiones en concurso ideal".

Mencionó que se incorporó un informe de la Municipalidad de San Luis en el que se indica “que el plano que se encontraba aprobado era el originario de la vivienda, de 1970, a nombre de Ángel Gitto, el propietario, y que después de eso no ha habido pedidos de autorizaciones para modificación o remodelación de obra”.

Dijo también que “en cuanto a las habilitaciones comerciales, la última había sido dada de baja en 2012”. “Como que la Municipalidad, de cierta manera, independientemente de los controles que de oficio podría haber realizado, no tenía conocimiento de todo lo que sucedió después”, refirió la fiscal.

En cuanto al informe realizado por el perito ingeniero Gutiérrez, la fiscal contó que el profesional estableció “todas las posibles causas del derrumbe y señaló claramente que en realidad estas han sido las distintas remodelaciones realizadas sin las debidas autorizaciones y contralor”.

Zabala Chacur indicó que como no hay registro formal de los distintos negocios que funcionaron en el último tiempo en esa propiedad, cuentan con los testimonios de vecinos. “Ellos mencionaron que funcionó una panadería, un pelotero y un taller, que creo que implicó cavado de fosas. Luego se inició la última modificación para poder locar el inmueble y que funcione una concesionaria de autos”, concluyó.

"Estamos ante un estrago seguido de muerte"

El abogado Matías Nostray, quien, junto a su padre Esteban Nostray, representa a la familia de Javier Rodríguez, el albañil de 20 años que perdió la vida en el derrumbe, señaló que la causa ha avanzado en puntos que creen importantes.

Resaltó que si bien se han incorporado distintas pruebas y se han realizado diversas medidas, “a esta altura del proceso y con lo recopilado se debería realizar el llamado a indagatoria”. “Como representantes de la familia de Rodríguez queremos que haya un responsable, que esto no quede impune. Estamos hablando de un estrago seguido de muerte que tiene una condena que va de un mes a cinco años”, dijo.

Señaló que han obtenido testimonios tanto de vecinos como de personas que estuvieron presentes durante y después del derrumbe. “También contamos con la pericia del ingeniero Gutiérrez, que arrojó que ante la destrucción de un muro portante, que hizo caer una viga principal, se generó el desplome de la propiedad, que era antigua. En principio, hasta por oficios que ha hecho la Municipalidad, estos cambios no estaban autorizados, por lo que claramente debe haber responsables de lo sucedido”, enfatizó.

La casa de la tragedia se ofrece a la venta

Ayer El Diario recorrió la zona donde sucedió la fatalidad y vio sobre una de las puertas del inmueble ubicada sobre calle San Juan un cartel de la inmobiliaria Terra que indica que la propiedad está a la venta.

En comunicación con El Diario, el martillero público Jesús Viera informó que la totalidad de la propiedad que se derrumbó está a la venta desde hace aproximadamente dos meses. Señaló que quien hizo la gestión para ofrecerla fue Oscar Gitto.

“Yo no vi ningún papel, él quedó en traerlos. Me dijo que no había ninguna causa judicial y le dije que bueno, que en el momento que haya un interesado en la compra lo vamos a analizar y averiguar. Todavía no he tenido contacto con los documentos de la propiedad ni tampoco se ha pedido un informe de dominio del bien por si tiene algún juicio. A ese informe lo piden los escribanos ante alguna negociación y allí figura (ese dato). Él nos dijo que no había nada, pero yo no sé. Sabemos que allí hubo un derrumbe en el que falleció su mamá y es por eso que vende, porque no quiere saber nada”, resumió Viera.

A un año, el dolor por la pérdida de su hijo Javier sigue presente

Hace un año que Juan Carlos Rodríguez y su esposa, Sandra Elizabeth Peralta, exigen reparación ante la muerte de su hijo Javier Rodríguez, quien perdió la vida en aquel trágico derrumbe. “Como padres sentimos que tal vez la investigación va lenta, aunque conocemos todos los temas de la Justicia y lo que vivimos hoy (en referencia a la pandemia). Igualmente, queremos que se haga justicia”, expresó Rodríguez.

“Creo que este hombre (en referencia a Oscar Gitto) está muy tranquilo después de lo que ha pasado y nosotros seguimos con un dolor muy grande porque nos falta una parte de nuestra familia. Un joven que tenía 20 años y que trabajaba en lo que él podía para ayudarnos, porque somos personas mayores y mi esposa es discapacitada. Mi niño era un joven lleno de esperanzas y quedó en el camino”, dijo, angustiado.

Aseguró que junto a su esposa ha pasado por el lugar del hecho y que ha notado algunas anormalidades. “Hemos visto que ha habido traslado de escombros y puertas. Es como que esta persona (en referencia a Gitto) sigue trabajando allí de alguna manera. Se solicitó una medida de no innovar. Pedimos justicia a las autoridades y al señor Gobernador, quien como muy bien lo dijo en ese momento, iba a llegar hasta las últimas consecuencias para que se aclarara todo esto”, refirió el hombre.

La mamá del joven recordó que en aquel entonces, cuando el primer mandatario provincial fue al lugar del hecho, dijo “el que rompe paga”. “A mi hijo le rompieron la vida, se la cortaron, al igual que a su familia”, consideró.

"Solo demolimos lo que la Justicia ordenó"

Por su parte, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de San Luis, Lucas Ros, le contó a este medio que oportunamente le informaron al juez Marcos Flores Leyes, quien estaba a cargo del Juzgado Penal 1, que “no había ningún registro de ningún expediente que el o los propietarios hayan solicitado al Municipio para mejoras o ampliaciones”.

Comentó que tras el derrumbe, el magistrado solicitó que realizaran un trabajo de demolición en el lugar por el peligro de que se vinieran abajo las partes de la propiedad que habían quedado en pie. “Solicitó que termináramos una demolición porque había riesgo de que la propiedad se pudiera romper o caer hacia las viviendas de vecinos o hacia los transeúntes. Se trató de una demolición parcial de sectores que quedaron débiles estructuralmente; solo demolimos lo que la Justicia ordenó”, explicó el funcionario.

MM