Comenzó a regir el protocolo de violencia laboral en la UNSL

La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) cuenta con un manual de procedimientos ante la detección de casos de violencia laboral, una reglamentación que comenzó a regir en la previa de fin de año, tras su publicación en el Boletín Oficial institucional, mientras que el proyecto fue aprobado por el Consejo Superior a fines de octubre.

El protocolo será aplicado en los casos registrados "en el ámbito u ocasión de trabajo, así como derivados de esta situación", en todas las dependencias universitarias, incluidos la Escuela Normal Mixta y el Jardín Maternal de la UNSL.

La norma indica que un hecho será considerado violencia laboral cuando denote "la manifestación de una conducta abusiva por quien, valiéndose de su posición jerárquica y desigualdad de poder o de cualquier otra circunstancia", incluidos compañeros de trabajo o terceros, "incurra en comportamientos, palabras, gestos o escritos que incurran en injuria, amenaza, hostigamiento o cualquier tipo de conducta degradante, que pueda atentar contra la dignidad o la integridad física, psicológica, sexual, moral, política o de la persona, o que puedan poner en peligro su salud, empleo, función o degradar el ambiente de trabajo o cualquier otra que atente contra la dignidad humana" de particulares o grupo de personas.

Además, el texto tipifica la violencia laboral al interior de la universidad según sea de tipo psicológico u hostigamiento, acoso sexual o violencia física.

Las personas que consideren haber sido víctimas de alguno de esos destratos deberán realizar la denuncia correspondiente por escrito ante el Centro de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral (CePEV), puesto en funciones por la misma Ordenanza del Consejo Superior N° 64/21. Ante una presentación, el organismo está obligado a respetar y

proteger la identidad del denunciante, como así también mantener la discreción y la confidencialidad de las causas.

Sanciones

En caso de comprobarse la veracidad de las denuncias, las sanciones previstas por la normativa para los responsables irá, según la gravedad del caso, desde un apercibimiento con registro en el legajo hasta la suspensión sin percepción de haberes, entre cinco y diez días; mientras que por reincidencia la pena será de entre diez y treinta días. Los castigos también incluyen la cesantía y hasta la exoneración de la institución.

Quienes fuesen sancionados bajo el protocolo, por cualquier tipo de violencia especificada en él, quedarán inhabilitados para presentarse u ocupar cargos elegidos durante los comicios de la UNSL. "En caso de ser funcionario electo, deberá cesar de sus funciones", mientras que tampoco podrán ser convocados por las autoridades electas para cumplir roles de funcionarios en ninguna dependencia universitaria, inclusive aquellas que estén en proceso de normalización.

Violencia institucional

Ante la falta de recursos legales concretos para combatir la violencia institucional contra personas ajenas al ámbito laboral de la UNSL, el sector estudiantil impulsó durante la segunda mitad de 2021 un anteproyecto de protocolo para su presentación ante el Consejo Directivo. Pese a que la propuesta surgió en el ámbito del alumnado ante la falta de herramientas legales para tratar casos de abuso de poder, maltrato y agresiones derivadas de una relación asimétrica, también incluye a los claustros docente y no docente.

La demanda de un recurso de esas características se reavivó el mes pasado tras conocerse la suspensión a cuatro docentes de la casa de estudios acusados de ejercer maltrato hacia sus estudiantes: uno con funciones en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia y otros tres de la Facultad de Psicología. En todos los casos, los profesores fueron apartados de sus cargos de manera temporal y preventiva.