Docentes de la UNSL se manifestaron contra la violencia laboral

Integrantes de la comisión directiva y afiliados a la Asociación de Docentes Universitarios (ADU) reclamaron contra la violencia laboral en la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Durante la jornada para hacer visible un problema del que no están exentas otras instituciones estatales, exigieron a las autoridades de la casa de estudios y las facultades soluciones urgentes y concretas para resguardar a las víctimas, que en la mayoría de los casos deben continuar sus labores en el mismo ámbito junto con los responsables de los maltratos, según denuncian.

La actividad se desarrolló ayer en la explanada de ingreso al Rectorado, con la convocatoria de apenas una decena de participantes, entre los que hubo integrantes del gremio docente, de la Red de Asistencia a la Víctima de Violencia Laboral de la Facultad de Psicología (FaPsi) y la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos de la UNSL.

"Queremos visibilizar ante la sociedad y concretamente ante la comunidad educativa los diferentes reclamos y denuncias sobre violencia laboral en la universidad. No es solo para concientizar y sensibilizar, sino también para que las autoridades se ocupen del asunto y le den la importancia que requiere un tema tan grave, sobre todo por las consecuencias psicológicas y físicas que traen este tipo de situaciones desagradables", señaló el director de la Red de Asistencia a la Víctima de Violencia Laboral, Patricio Godoy.

El docente de la FaPsi dijo que el sector culminó la elaboración de un protocolo para tratar casos de violencia laboral, que contempla la creación de un comité técnico profesional. La elaboración de esa normativa estuvo a cargo de una comisión ad hoc integrada por el secretario general de la UNSL, Raúl Gil, y representantes de los tres gremios de educadores de la UNSL: ADU, el Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios (Sidiu) y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun).

"Al principio ADU y Sidiu presentaron un proyecto cada uno, pero se acordó unificar ambos en uno solo, algo en lo que venimos trabajando desde el año pasado, y a fines de febrero terminamos de hacer la revisión de todos los artículos. Ahora estamos a la espera de la convocatoria a la negociación paritaria para discutir su aprobación y posterior implementación", agregó Godoy. Indicó que si bien existen distintos grados de violencia laboral, se caracteriza por "comportamientos de hostilidad que atentan contra la dignidad de un trabajador o trabajadora".

"En el protocolo que elaboramos figuran tres tipos: física, de acoso sexual laboral y psicológica. Cada una tiene sus particularidades, cada una con consecuencias graves porque atentan contra la salud de quienes las padecen, algo ante lo que la universidad tiene la responsabilidad de garantizar no solo ambientes libres de violencia, sino también la cobertura médica, psiquiátrica y legal para las víctimas", explicó.

Tras la lectura de un comunicado, integrantes de ADU entregaron una nota dirigida al rector, Víctor Moriñigo, en la que exigieron celeridad para la aplicación de medidas concretas, a través de la aprobación y puesta en vigencia del protocolo.

"Nuestra asociación ha recibido numerosas consultas que en algunos casos se transforman en denuncias, a partir de las que se inicia un largo, burocrático, difícil y muy tortuoso camino para quienes se animan a hacer visibles estas situaciones. Es necesario empezar a instalar este tema como un problema serio que ocurre no solo en la universidad, sino también en cualquier institución educativa u organización de la sociedad, donde las situaciones de violencia están naturalizadas y es necesario erradicarlas con políticas, presupuesto e instancias de formación para que no sucedan más", sostuvo la secretaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Diversidad de ADU, Zunilda Campo.