Los efectos de la pandemia de COVID-19 en los últimos dos años, sumado a las nuevas guerras y conflictos, al cambio climático, y a las crisis económicas, han agravado la inseguridad alimentaria mundial, generando severas preocupaciones para el año 2022.
El principal informe anual sobre la inseguridad agroalimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), presentado en el segundo semestre de 2021, así como los posteriores informes sobre las crisis en las zonas de mayor riesgo alimentario y la actual guerra entre Rusia y Ucrania confirman estas tendencias pesimistas a nivel global y en cada una de las regiones del mundo.
A las más de 800 millones de personas que ya pasaban hambre en 2020, los dramáticos efectos de la COVID-19 proyectaron un aumento de 100 millones en los dos últimos años, para mantener la tendencia negativa del último lustro.
De esta forma, a tan solo ocho años de 2030, fecha establecida por los principales líderes mundiales para eliminar la pobreza y el hambre en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la inseguridad agroalimentaria y todas las formas de malnutrición siguen sin realizar progresos suficientes que permitan considerar que esos objetivos serán alcanzados en los tiempos acordados.
La pandemia demostró las causas de vulnerabilidad y deficiencias de los sistemas agroalimentarios mundiales. El desafío de superar el hambre y la malnutrición en todas sus formas va más allá de conseguir alimentos suficientes para la supervivencia: la alimentación de las personas, en especial de los niños, debe ser también nutritiva.
Sin embargo, el elevado costo de las dietas saludables, que posiblemente aumentará como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, alejará a un número cada vez mayor de familias a nivel global del objetivo de alcanzar calidad nutritiva.
El dramático conflicto europeo iniciado el 24 de febrero, cuyos efectos son aún difíciles de entender en toda su dimensión, hace prever que estas tendencias serán más graves.
Basta pensar que Rusia es el mayor exportador mundial de trigo, siendo Ucrania el quinto y que en conjunto proporcionan a nivel mundial 19% del suministro de cebada, 14% del trigo y 4% del maíz, y que también representan el 52% del mercado mundial de aceite de girasol, mientras que Rusia es el principal productor de fertilizantes.
Alrededor de 50 países de los menos desarrollados en África, Asia y Medio Oriente, con bajos ingresos y fuerte déficit de alimentos, obtienen más del 30% del trigo de la zona actualmente en grave conflicto.
Los precios de los alimentos comenzaron a aumentar en el segundo semestre de 2020, pero alcanzaron su máximo histórico en febrero de 2022 debido a la elevada demanda de productos, a los costos de los insumos y al transporte según un reciente estudio de la FAO.
No será sencillo concretar la tradicional cosecha de junio en Ucrania y los desplazamientos masivos en numerosas zonas del país que provocan la reducción del número de trabajadores agrícolas, así como la dificultad de acceder a los campos agrícolas, y al transporte, entre otros aspectos, hacen prever una situación muy complicada.
Países con grandes poblaciones como Bangladesh, Egipto, Irán y Turquía son los principales importadores de trigo y compran más del 60% de ese producto a Rusia y Ucrania. Otros países con fuertes conflictos internos como Libia y Yemen y naciones como Líbano, Pakistán y Túnez también dependen en gran medida del trigo de estos dos países europeos.
Si la situación continúa en esta dirección, inevitablemente aumentará el número de personas que padecen hambre.
Mantener el mercado mundial abierto aparece como una medida razonable en medio de una coyuntura global muy delicada.
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