Organizaciones humanitarias internacionales y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticaron enérgicamente las medidas legales y administrativas adoptadas por El Salvador para frenar la actividad de las pandillas criminales, algunas conocidas como maras.
En medio de un estado de emergencia, que en pocos días llevó a la cárcel a unos 8.000 presuntos pandilleros, el país centroamericano adoptó una ley que impone severos castigos a quienes encuentre responsables de difundir cualquier mensaje que sea juzgado como propagandista de la actividad de los grupos criminales.
“Lejos de luchar contra la apología criminal, esta reforma pareciera querer controlar la narrativa pública y censurar a la prensa”, advirtió Amnistía Internacional (AI).
En El Salvador, un país de 21.000 kilómetros cuadrados y algo menos de siete millones de habitantes, actúan pandillas gigantescas que en un solo día, el 26 de marzo, cometieron 62 asesinatos, por lo que el Parlamento aprobó al día siguiente el pedido del presidente Nayib Bukele para implantar un régimen de excepción.
“Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas”, dijo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
Los defensores de derechos humanos dijeron reconocer “los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga respetando el derecho internacional de los derechos humanos”.
Junto con la detención de miles de sospechosos de pertenecer a las maras, el presidente Nayib Bukele endureció las medidas de control a unos 18.000 pandilleros que ya están tras las rejas, como restringirles la alimentación, y amenazó con dejarlos sin comida si continúan los asesinatos de inocentes en la calles.
Para AI, “el presidente Bukele demostró que no solo no cambió las políticas fallidas de otros gobiernos en El Salvador, sino que las repite sabiendo el resultado. Las violaciones de derechos humanos no pueden ser la solución a la violencia, solo profundizan la grave situación”.
En defensa de sus medidas, Bukele apeló en su muy utilizada cuenta en Twitter al ejemplo de Alemania: “Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo”.
“Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas”, agregó. Y, al encajar las críticas desde el exterior, también dijo: “Si queremos algún día ser un país desarrollado, debemos hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos nos dicen que hagamos”.
Al estado de emergencia y detención masiva de sospechosos siguió la aprobación en la unicameral Asamblea Legislativa —donde los partidarios de Bukele ocupan dos tercios de las bancas— de una reforma al Código Penal para castigar severamente cualquier mensaje que pueda significar apología o promoción de las maras.
La legislación proscribe “la elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones o propaganda alusiva a pandillas”, en principio como medida contra murales, grafitis y mensajes en las redes sociales originados por las pandillas, con penas de entre 10 y 15 años de cárcel para autores y difusores.
E igualmente sancionará a “quienes por medio de las tecnologías de la comunicación e información reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos”.
La lucha de El Salvador con las pandillas posee ribetes dramáticos y necesita de una profunda reflexión.
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