Abusó de su hija; pidió 8 años y medio de cárcel en un abreviado

"Pido disculpas a la víctima, le pido perdón. Estoy arrepentido de lo que hice”, dijo este martes D.D.V.A. cuando el tribunal le ofreció la palabra luego de que admitiera haber abusado de una hija biológica en una localidad del norte de San Luis. El hombre, de 54 años, fue denunciado en junio de 2019 por una hermana de la víctima, aunque los ultrajes ocurrieron cuando ella tenía entre 11 y 14 años, hoy tiene 24. La abogada del imputado y el fiscal de Cámara, Fernando Rodríguez, acordaron una pena a 8 años y medio de cárcel. La defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces se opuso y dijo que el monto resulta bajo dadas las circunstancias del hecho, la vulnerabilidad de la víctima y también su incapacidad actual de entender y prestar conformidad al proceso legal.

Cuando la Justicia tomó intervención en el caso la víctima vivía con el acusado, su madre y hermanas en un pueblo. En ese entonces tenía 22 años y pesaba apenas 32 kilos, según constató en una revisación la médica forense Patricia Gallardo. Tampoco estaba escolarizada y según informó el psiquiatra del Poder Judicial Franco Mastronardi, tiene una edad mental de 9 años.

Ayer, una hermana mayor contó que actualmente vive con ella en otra localidad del norte puntano y que cursa la primaria en una escuela especial. También que recibe apoyo psicológico cuando lo necesita y que estuvo bajo tratamiento luego de que los hechos salieran a la luz.

El abusador, quien realizaba tareas rurales, llegó acusado por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente”, un delito por el que el fiscal de Instrucción Esteban Roche solicitó 16 años de cárcel.

Para acceder a una condena menor el hombre debió admitir la autoría de los hechos y en comunicación vía remota, la víctima y la hermana que la tiene a cargo expresaron su conformidad; también el abogado que las representa, Alfredo García Garro.

Pero a su turno de pronunciarse, Marcela Torres Cappiello, defensora de Niñez, formuló su oposición al acuerdo aclarando que no se niega a un proceso abreviado, sino “al monto de la pena, que no resulta proporcional al hecho que se investiga”, puntualizó, y repasó los resultados de las revisaciones médicas y pericias psicológicas.

Remarcó que al momento de la denuncia la chica estaba en una situación de vulnerabilidad, de descuido y de sometimiento grave. También que el informe de la psicóloga María José Pérez deja constancia del daño psicológico que los abusos dejaron en ella.

A su vez, dijo que si bien la víctima ya es mayor de edad, “padece un retraso madurativo leve” y no está en condiciones de prestar consentimiento a un juicio abreviado, y opinó que su hermana tampoco puede representarla.

García Garro explicó que el acuerdo les fue explicado a las hermanas y que la idea es evitar un juicio largo. En consonancia, Rodríguez le pidió al tribunal regirse por los nuevos paradigmas judiciales para una rápida solución del conflicto y poner fin a los procesos penales.

Antonella Zanglá, abogada del acusado, pidió homologar el acuerdo para evitar someter a la víctima a un juicio oral que pudiera revictimizarla; sostuvo que la joven entiende lo que está pasando y mencionó que su discapacidad no está acreditada con un Certificado Único de Discapacidad.

Tras escuchar a las partes, el tribunal, presidido por Hugo Saá Petrino e integrado por Julio de Viana y Karina Lucero Alfonso pasó a deliberar. Tienen de 10 días.