Media sanción para la ley que combate el narcomenudeo

La Cámara de Senadores de San Luis aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, que, aseguraron, dará más facultades al gobierno provincial para combatir el narcomenudeo, es decir, aquellos delitos de menor escala referidos a la comercialización de drogas ilegales. Ahora deberá ser tratado en Diputados.

La norma, que fue presentada por el Ejecutivo puntano y trabajada por el Ministerio de Seguridad, implica la adhesión a las leyes nacionales Nº 23.737 y 26.052, además de la modificación de la Ley Orgánica de Administración de Justicia. Si bien la mayoría de los puntos fueron acompañados por los senadores, el bloque San Luis Unido se opuso a la inclusión del Artículo 11, que establece la vigencia de la ley a partir del 1º de enero de 2023.

"La situación actual, que implica una competencia exclusiva de la Justicia Federal, nos ata a objetivos de carácter federal, que tienen que ver con el desbaratamiento de grandes bandas de narcotráfico. Sin embargo, estamos asistiendo a la apertura de pequeños kioscos de droga en la provincia de San Luis. Estamos notando un aumento de todo lo que tiene que ver con el pequeño consumo y comercialización. Tenemos que alinear estos objetivos en la provincia, con personas que estén pensando en esta problemática y que nos permitan la operatividad", marcó el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, a El Diario de la República.

La adhesión a la ley implicaría la creación de un fuero específico para tratar las causas de narcomenudeo en el Poder Judicial, además de más recursos para combatir al narcotráfico, con la posibilidad de que la Provincia requiera de partidas presupuestarias de Nación.

"Tendríamos jueces competentes específicos en la materia y nos permitiría a nosotros, ante una investigación, donde se sabe que se está vendiendo droga al pormenor, pedirles a los jueces las medidas necesarias para lograr la imputación de los delitos, conseguir los allanamientos y el decomiso de la droga, que es lo que nos preocupa, porque es lo que está envenenando a nuestros chicos", describió el ministro.

"Hay una rotura del tejido social que tiene que ver con la impunidad de la venta de droga al pormenor, en tanto y en cuanto la Justicia Federal no se hace cargo, y eso da un mensaje erróneo a la sociedad", apuntó el ministro.

En este sentido, recordó que la Provincia aprobó en 2017 la Ley de Ordenamiento Policial, por la que se creó la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, que cuenta con 120 efectivos. A modo de comparación, Córdoba emplea a 350 efectivos, con una población mucho mayor.

Anastasi adelantó que los planes del ministerio son duplicar la cantidad de efectivos dispuestos a la lucha contra las drogas, a partir de la dotación de más recursos a la dirección con la posible aprobación de la ley.

"Hay una fuerte apuesta en recursos por parte del Estado", remarcó el ministro, quien enumeró otras acciones del Ejecutivo puntano, como la creación del Centro de Tratamiento de Adicciones en La Toma y la próxima licitación de un nuevo edificio para la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico.

El proyecto contó con el despacho de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria y de Salud, Trabajo y Seguridad Social. La senadora Diamela Freixes, del bloque Frente Unidad Justicialista San Luis, fue la encargada de detallar la iniciativa.

"A partir de la adhesión, la Provincia comenzará a abordar en forma lisa y llana un combate directo contra el narcotráfico y todo lo que refiera a la comercialización y distribución para el consumo de estupefacientes en el territorio de San Luis", aseguró Freixes. La legisladora aclaró que los senadores contaron con los aportes del ministro de Seguridad Luciano Anastasi y el Procurador General de la provincia, Luis Martínez, para introducir modificaciones en el proyecto.

Por último, marcó que si bien según el artículo 11 la ley tendría vigencia a partir de 2023, la implementación se hará efectiva cuando se haya designado una estructura mínima de actuación, con un fiscal, un defensor, jueces de garantías, impugnación y juicio, y al menos una oficina de gestión judicial.

Anastasi dijo que también se reunirá con los diputados para explicarles el proyecto. "Es una situación en la que tenemos que estar todos de acuerdo, del mismo lado, con un objetivo en común, que tiene que ver con combatir este flagelo, que afecta fundamentalmente a nuestros chicos", concluyó.