Colombia sufre la violencia civil y paramilitar desde hace décadas, y a pesar del camino del diálogo que persiste con la inédita gestión de izquierda de Gustavo Petro, registró 215 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el 2022.
Es la cifra más alta en los últimos siete años, y las causas pueden hallarse en un incremento de los ataques de los grupos armados ilegales en zonas estratégicas para el narcotráfico.
De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, que promueve la defensa de los derechos humanos, la cifra de homicidios del año pasado superó los 145 del 2021 y los 182 del 2020, que era hasta el momento el número más elevado.
“El 2022 marcó un lamentable récord de homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos, ya que registramos un total de 215 asesinatos, siendo el año con el mayor número de casos desde el 2016 cuando iniciamos el registro”, dijo en una declaración el organismo.
Es una situación muy grave para la base de la democracia porque se trata de líderes que recogen las inquietudes de la gente, son sus voceros y los que trabajan por un país donde sean respetados los derechos humanos.
La violencia contra los líderes sociales, así como las masacres de civiles, es uno de los principales problemas para el gobierno colombiano, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes.
Pese a que el presidente, Gustavo Petro, busca implementar una paz total para poner fin a casi seis décadas de conflicto armado interno que dejó 450.000 muertos solo entre 1985 y 2018, los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos no cesaron, y desde que asumió el poder en agosto, 82 fueron asesinados.
El gobierno de Petro inició en noviembre una negociación de paz en Venezuela con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y busca implementar un acuerdo firmado en el 2016 con facciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no suscribieron el pacto y otra que decidió regresar a la lucha armada alegando incumplimiento por parte del Estado.
También busca un sometimiento de la justicia de las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico a cambio de beneficios como rebajas de penas.
El gobierno de Petro declaró en Año Nuevo un cese bilateral del fuego con las dos disidencias de las (FARC), el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada.
“Esperamos que el inicio de los diálogos con el ELN y el cese bilateral con otros grupos armados ilegales signifiquen, también, una disminución de las acciones contra líderes, lideresas sociales y defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional”, remarcó la Defensoría del Pueblo.
Las cifras sobre violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos causan polémica y varían entre las diferentes organizaciones.
Los departamentos más golpeados por la violencia contra líderes sociales el año pasado fueron Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo, todos reconocidos por la presencia de grupos armados ilegales y de cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.
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