Aunque no ha sido la noticia preferida para los grandes medios de comunicación del país, en Argentina se vivió en junio una represión violenta de parte de la Policía, y criminalización de la protesta popular, en la provincia de Jujuy.
Así lo asentó una investigación divulgada por Amnistía Internacional (AI), el organismo más prestigioso en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.
La organización humanitaria dijo que “la Policía de la provincia de Jujuy respondió con uso de la fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos”, entre ellos comunidades originarias de la región fronteriza con Bolivia y Chile.
“Nuestra investigación apunta a cómo las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”.
La Policía cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza y otras prácticas para reprimir la protesta social en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional en la provincia, según AI.
Las protestas estallaron después de que la Legislatura aprobó una reforma a la Constitución de la provincia que limitaba el derecho a manifestar, al establecer la autorización previa, y disponía medidas en defensa de la propiedad privada que podrían afectar los derechos de unas 300 comunidades originarias.
Pueblos originarios, sindicatos y organizaciones sociales encabezaron las manifestaciones en varias ciudades de la provincia, denunciando que la reforma, aprobada con prisa y sin la debida consulta a los pueblos originarios, afecta el uso de tierras y aguas de esas comunidades en provecho de la explotación de minerales.
Jujuy está en la zona sudamericana conocida como el “triángulo del litio”, de Argentina, Bolivia y Chile, que contiene cerca del 70% de las reservas mundiales de ese material estratégico para industrias como las de telefonía y autos eléctricos.
Del 25 al 29 de septiembre, una delegación de AI visitó en Jujuy la ciudad de San Salvador y los departamentos de Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques.
Entrevistó al menos a 107 víctimas y testigos, incluyendo integrantes de más de 15 comunidades originarias, abogados y abogadas, organizaciones de derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación y representantes del Ministerio de Seguridad provincial.
Entre sus hallazgos, AI constató el uso innecesario y excesivo de la fuerza en las protestas, incluyendo el empleo de gas lacrimógeno y balas de goma, lo que resultó en múltiples casos de lesiones de quienes participaron en las demostraciones.
Tanto los testimonios como los registros audiovisuales analizados por el equipo de verificación digital de AI “demuestran que la Policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que manifestaban”, dice el reporte.
Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, los disparos de balas de goma hacia la cabeza o la parte superior del cuerpo están prohibidos, recordó AI.
Además, esos proyectiles deben ser utilizados únicamente para apuntar a una persona en concreto involucrada en actos de violencia y solo cuando otros medios menos extremos sean insuficientes.
Gran parte de los testimonios recabados dan cuenta de la presencia de funcionarios de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el control de las protestas en vehículos particulares, sin identificación o que rehusaron a identificarse al ser interpelados por las personas que manifestaban.
La delegación también escuchó múltiples relatos de detenciones a personas por el simple hecho de participar en las manifestaciones, lo que configura una medida arbitraria de privación de la libertad.
En Jujuy hubo represión, aunque gran parte del país no lo sepa.
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