La Punta: empleados municipales reclamaron por el piso salarial

Los trabajadores de la Municipalidad de La Punta reclamaron que se respete la firma del acuerdo que se suscribió con el gobierno provincial por el “Tratado de La Toma para la Lucha contra la Pobreza”, que otorga un piso salarial de $300 mil. Además, exigieron la inmediata reincorporación  de empleados que fueron despedidos arbitrariamente. Las medidas de fuerza se realizaron ayer en el frente del edificio municipal, en el Corralón y en la Planta Potabilizadora La Punta II, con una quema de neumáticos sin causar peligro, según informó el Sindicato ATE.

Tras los reclamos salariales,  señalaron que el Ejecutivo municipal decidió una serie de despidos "arbitrarios y antidemocráticos", que atentaron contra la libertad sindical y el derecho a un trabajo digno. “Nos manifestamos frente al Municipio, el Corralón y en la planta potabilizadora, donde estaban guardando los camiones de la Comuna. Pedimos que se respete el “Tratado de La Toma” con el piso salarial de 300 mil pesos; y por la reincorporación de cuatro empleados contratados con aportes desde hace un tiempo y que no les renovaron para que continúen con sus funciones laborales. Uno de los echados era una afiliada al gremio y una de las más activas en la organización de nuestro sindicato en La Punta”, precisó el secretario General de ATE San Luis, Fernando Gatica.

Según el gremialista, las desvinculaciones fueron represalias de la Comuna debido a que los empleados que en las últimas semanas se habían adherido al sindicato. También porque reclamaron el bono de $60 mil decretado por Nación. Pero tras conocerse la firma del acuerdo que realizaron los municipios con el gobierno provincial, los empleados de La Punta también exigieron que se les pague el importe acordado.

El miércoles pasado el sindicato le entregó a la Intendencia un petitorio donde le exigía la reincorporación de los trabajadores y el cese de la persecución. “Entre los despedidos está una afiliada a nuestro sindicato, que lo estamos armando de a poco en La Punta. La acción de echarlos es claramente para desalentar nuestra organización gremial dentro de la Municipalidad”, detalló.

El intendente, Martín Olivero, propuso llevar todos los sueldos de planta permanente y contratados a $300 mil y  los de prácticas rentadas a $150 mil. “Las propuestas no se concretaron. No vamos aceptar que todos ganen lo mismo. El piso es de $300 mil y los que tienen antigüedad o diferentes categorías, el  sueldo debería ser mayor como corresponde”, manifestó.

Para el directivo del sindicato, esta nivelación es perjudicial para los trabajadores que tienen algún tipo de suplemento, antigüedad o categoría. “No pueden cobrar $300 mil  todos, no es lo mismo un empleado de recolección que puede estar cobrando algún plus que un administrativo que no cobra ningún tipo de plus. Tampoco un empleado de planta permanente que tiene doce años de antigüedad puede cobrar lo mismo que el que tiene recién un año. En este caso, los  $300 mil sería el piso y el techo de los sueldos de los municipales”, describió.

Según anunció Gatica, las protestas continuarán frente al edificio municipal y en la puerta del corralón hasta que tengan respuestas del intendente.

Sin explicaciones

Susana Castillo es una de los cuatro empleados a los que no se les renovó el contrato y es una de las encargadas del armado del Sindicato de ATE (a la que está afiliada) dentro de la Comuna.    “Desde la Municipalidad me dijeron que no me renovaban el contrato y tampoco me dieron el motivo. Hace nueve años que trabajo en la Municipalidad, ocho años en prácticas laborales rentadas,  y un año y tres meses como contratada. Antes de las elecciones, el intendente Olivero anunció que todos los contratados iban a pasar a planta permanente y los que estaban en prácticas laborales les iba a hacer un contrato y no cumplió con eso”, señaló.

La mujer reclama porque fue desvinculada después de muchos años de trabajar en distintas áreas del Municipio. “Creo que fui una buena empleada y cumplía con todos los trabajos que me pedían. Cuando terminaba mis labores en una determinada sección me cambiaban a otra y con los años me terminé enfermando porque me agarró fibromialgia, tengo escoliosis”, detalló.

Por ese motivo, Castillo presentó una historia clínica al Municipio para que le tuvieran contemplación debido a su enfermedad, ya que hay determinados trabajos que no los iba a poder cumplir. “No les importó nada y seguí cumpliendo con mi trabajo donde me designaban. En Obras Públicas tuve que hacer un relevamiento por toda la ciudad; luego me mandaron al servicio de limpieza pero no podía pasar el trapo y ni el lampazo.  Me dijeron que era lo único que tenían para mí. Después me enviaron a Desarrollo Social, donde tuve una jefa que ni siquiera sabía encender una computadora y durante un año  aguanté humillaciones y discriminaciones. Tengo testigos como mis compañeros y también algunos funcionarios que  vieron cómo me trataba. Me gritaba y hablaba mal”, recordó.

La exempleada no tiene la menor duda que su desvinculación fue debido principalmente a su afiliación al sindicato y a la organización del gremio dentro del municipio.

Redacción/MGE