Caso Amancay: Jonathan Sandoval seguirá preso

En principio, Jonathan Sandoval seguirá alojado en el Penal de la capital otros doce días, hasta el 10 de diciembre, cuando vencen los cuatro meses de prisión preventiva que le impusieron el 12 de agosto por haber causado la muerte de Rocío Amancay Pedernera. Y sería en principio, porque el fiscal que lo investiga, Esteban Roche, tiene la facultad de pedir hasta dos prórrogas de esa medida para salvaguardar las pruebas que restan producir. Justamente ese punto, la preservación de la investigación, fue el eje principal en el que se basó un Tribunal de Impugnaciones para rechazar ayer la excarcelación del único imputado por el choque fatal.

El miércoles de la semana pasada, los jueces Laura Molino, Jorge Sabaini Zapata y Yanina del Viso oyeron el planteo de los abogados defensores Marcos Juárez y Ramiro Rubio, quienes recurrieron a impugnaciones disconformes con el fallo del juez Marcelo Bustamante Marone, quien el 9 de noviembre rechazó excarcelar al agrimensor detenido.

El planteo que hicieron en ese momento, y que renovaron la semana pasada, giró en torno a tres ejes. El primero, que a su modo de ver las pruebas demuestran que no se puede sostener la calificación legal de la fiscalía (“Homicidio culposo con dolo eventual”) porque nada indica que Sandoval se haya figurado que iba a matar a alguien con su camioneta; también negaron que haya conducido alcoholizado y sostuvieron que circulaba a una velocidad reglamentaria. El segundo fue que su defendido nunca quiso evadir a la Justicia ni intentó ocultar pruebas como sostiene Roche. Y el tercero, derivado de este último, que no representa un riesgo para lo que resta de investigación, que tiene arraigo en la provincia y que su caso sería plausible, en su defecto, de una prisión domiciliaria. Para asegurar que se someterá al proceso, Juárez y Rubio ofrecieron una caución real sobre un inmueble valuado en 300 mil dólares.

En la audiencia de apelación, el fiscal de Instrucción 3 también se amparó en los fundamentos que ya le había expresado a Bustamante Marone: el peligro de fuga, teniendo en cuenta el nivel económico del imputado que “a las claras le permite, en su caso, tener una mayor facilidad para detener el accionar de la Justicia”; la actitud posterior al accidente, ya que Sandoval huyó de la escena, lavó la Toyota Hilux con la que embistió a la joven y se entregó recién 12 horas después, y, por último, las pruebas que faltan.

“Restan evidencias y testigos que esta fiscalía y la querella deben investigar, entre los que se encuentran los empleados de seguridad y mantenimiento donde vive el imputado, y es imposible que no pueda influir de forma negativa. También estamos interesados en entrevistar a quien es la pareja del imputado, como también a los vecinos colindantes de Sandoval. Todas estas personas son conocidas por el imputado y si recupera su libertad, es claro que va a influir de forma negativa sobre el procedimiento”. “Es necesario mantener la prisión preventiva, porque cualquier medida cautelar no alcanza para salvaguardar el proceso”, cerró. 

Qué dijo el tribunal

“Teniendo en cuenta el plazo aún no cumplido y que la fiscalía no solo determinó las evidencias que restan por producirse, sino que especificó de forma concreta cuáles son las medidas que la libertad del imputado podría hacer peligrar, entre ellas la declaración de su pareja, de vecinos, otros conocidos y de dos testigos presenciales del hecho, resulta absolutamente proporcional y razonable la medida de coerción impuesta en virtud de la particular complejidad que presenta la investigación”, mencionaron los jueces en el fallo difundido ayer.

“En lo concreto, tal como expresara la fiscalía, el imputado, al no ponerse inmediatamente a disposición de la Justicia, habría frustrado la posibilidad de realizar la prueba de alcoholemia correspondiente entre otras medidas; asimismo, habría lavado el vehículo que estaría implicado en el hecho y habría intentado deshacerse de la óptica del motovehículo en el cual se habría conducido la víctima, lo cual habilitaría la imposición de la medida de coerción motivo de esta revisión”, sumó, y agregó:

“Tales características hacen presumir que el imputado podría entorpecer la investigación en todo lo concerniente a la producción de las evidencias faltantes…”.
Sobre el pedido subsidiario de convertir el encierro en prisión domiciliaria, el tribunal expresó que el planteo deberá hacerse ante el Juzgado de Garantías competente y que, al margen de eso, la solicitud no fue fundada con informes de la defensa.

Redacción/MGE