Lo imputaron por abusar de una amiga dentro de un cementerio

Solo él sabe con qué intenciones actuó, pero, al margen de eso, terminó imputado por el delito de “Abuso sexual simple” y deberá responder ante una fiscalía. En agosto, J.J.S., un joven de 22 años, intentó besar y luego violar a una amiga después de una fiesta, y dentro del cementerio de la Villa de Merlo, adonde habían ingresado para continuar bebiendo.

Según el relato de la fiscal adjunta Sandra Aguirre, el hecho que se investiga sucedió el 26 de agosto de este año a la madrugada. N.P., la víctima, el imputado, su hermano y otro conocido regresaban caminando de una “juntada” con amigos cuando, al pasar por la entrada del cementerio, tuvieron la idea de ingresar y continuar la velada allí.

De acuerdo a la teoría de la fiscalía, J.J.S. apartó del grupo a la joven, quien tiene 20 años, con la excusa de contarle algo. Cuando ambos estuvieron ocultos de la mirada del resto, el acusado intentó besarla en repetidas oportunidades, pero ella se negó y quedó absolutamente paralizada porque padece ataques de ansiedad. Según contó la víctima, se quedó con los brazos totalmente adormecidos y sin poder resistirse, y allí el joven intentó accederla carnalmente. Otro de los chicos del grupo advirtió algo raro, los buscó, encontró y evitó que J.J.S. concretara sus intenciones.

Este martes, el juez de Garantías 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Jorge Osvaldo Pinto, hizo lugar a la formulación de cargos en contra del imputado como presunto autor del delito de “Abuso sexual simple”. Aguirre volvió a explicar que la joven sufre problemas de ansiedad, que está medicada y que por eso se paralizó durante el ataque.

Como parte de la acusación, el Ministerio Público Fiscal repasó el Artículo 119 del Código Penal, que habla sobre el abuso: “Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de una persona cuando esta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción”.

La fiscalía solicitó un plazo de 60 días para culminar la investigación preparatoria y, como medida de coerción para el imputado, planteó la firma en el libro de procesados en la comisaría más cercana al domicilio de J.J.S. y abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.

Los defensores oficiales en lo Penal José Francisco Pérez y María Luz Vílchez, quienes asistieron al joven, plantearon la nulidad de la imputación y también la de la pericia psicológico-psiquiátrica practicada a su defendido, argumentando que no fueron notificados de dicha medida y que esa circunstancia que vulneró el derecho de defensa.

Tras analizar las presentaciones de las partes, Pinto consideró válidos los fundamentos de los defensores respecto de la pericia mencionada y la declaró nula, sin perjuicio de que pueda llevarse a cabo nuevamente con el control de la defensa oficial.

Finalmente, dispuso tener por formulados los cargos en contra del imputado, haciendo lugar a la medida de coerción y al plazo de investigación requeridos por la fiscalía. Transcurridos esos dos meses, el Ministerio Fiscal deberá informar si la evidencia

reunida es suficiente para formular la acusación y, en consecuencia, peticionar que la causa sea elevada a juicio.

Redacción/MGE