Ecocidio, un delito internacional

La idea radical de convertir la destrucción del medio ambiente en un delito internacional, denominado ecocidio, merece un debate serio ante las pruebas científicas que demuestran que el cambio climático plantea amenazas existenciales para las civilizaciones.

Fue puesta a consideración ante la Corte Penal Internacional (CPI) por Vanuatu, y ante la Unión Europea.

Como pequeño Estado insular amenazado por la subida del nivel del mar, Vanuatu es uno de los principales defensores de una campaña para convertir el ecocidio en delito internacional.

Para esta pequeña nación, tales delitos deberían ser competencia de la CPI, que actualmente persigue cuatro crímenes: genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión, que es “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad o la independencia de otro Estado”.

El concepto de ecocidio describe cualquier tipo de actividad que deliberadamente cause un daño ambiental significativo. En 2021, un grupo independiente de expertos convocado por la organización sin fines de lucro Stop Ecocide International (SEI) anunció una definición ampliamente aceptada: “Actos ilícitos o gratuitos cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que causen daños graves y generalizados o a largo plazo al medio ambiente”.

Fue utilizado por primera vez para describir la devastación humana y medioambiental causada por el defoliante Agente Naranja, un arma química utilizada durante la guerra de Vietnam.

Más tarde, pasó a formar parte de los debates habituales en la ONU y en 1998 se propuso como crimen internacional contra la paz para el tratado que creó la CPI, llamado Estatuto de Roma.

La definición jurídica del ecocidio como delito no llegó a incluirse en el Estatuto de Roma, pero cambiar esta situación es el principal objetivo de cada vez más activistas ambientales.

Es probable que la CPI reconozca el ecocidio antes de 2030.

La palabra existe desde hace 50 años, pero no ha empezado a popularizarse hasta hace poco.

El Estatuto de Roma designó los crímenes más graves que afectan a la comunidad mundial. Los daños graves al medio ambiente pertenecen a esa categoría. La destrucción del ambiente está tan mal como los crímenes contra la humanidad.

En la actualidad, la CPI reconoce la destrucción del medio ambiente en el contexto de la guerra, por lo que tiene jurisdicción para enjuiciar estos daños como crímenes de guerra. Si el tribunal reconociera el ecocidio, ampliaría la posibilidad de procesar a individuos por daños como la deforestación; el tribunal solo responsabiliza a individuos, lo que significa que los altos cargos de industrias y gobiernos enfrentarían a cargos de ecocidio, en lugar de las organizaciones o los Estados.

Según activistas, la penalización del ecocidio también resolvería una laguna jurídica relacionada con el medio ambiente, ya que la responsabilidad jurídica suele basarse en los daños causados a las personas o a la propiedad privada o pública.

Este marco resulta difícil cuando los contaminadores contribuyen a una destrucción más amplia que causa daños a escala mundial.

En 2018, el informe de la ONU “Lagunas en el Derecho Ambiental Internacional” concluyó que el régimen jurídico ambiental existente es fragmentado, poco claro y reactivo. Caracterizado por la fragmentación y la falta general de coherencia y sinergia entre un gran número de marcos normativos sectoriales.

Figuras como el Papa Francisco y la activista climática sueca Greta Thunberg apoyan la campaña para detener el ecocidio.

Quizá pronto, el ecocidio sea considerado un delito internacional.