Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario
Obliga al Gobierno a aumentar los salarios de docentes y no docentes, y a garantizar los fondos de funcionamiento y los destinados a la investigación.
La norma que el presidente Javier Milei anunció que vetará obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para actualizar los salarios de docentes y no docentes, cubrir gastos de funcionamiento, proyectos especiales, programas de ciencia y tecnología, y extensión universitaria.
Luego de que el Senado le diera sanción definitiva en la madrugada del viernes 13 de septiembre, Milei confirmó que haría un veto total de la reforma. Esto provocó la movilización de hoy, el segundo del sector después de la Marcha Federal del 23 de abril último.
El Presidente tiene plazo hasta mañana para vetar la ley y no es casualidad que los gremios universitarios hayan convocado a la Marcha Federal Universitaria para este miércoles.
El epicentro fue en la Plaza de Congreso, pero la movilización se replicó en 50 ciudades del país. Además de gremios docentes y no docentes, centros de estudiantes y ciudadanos independientes, participaron gremios de la CGT y la CTA, movimientos sociales y agrupaciones políticas que van desde la izquierda y el kirchnerismo hasta un sector de la UCR y la Coalición Cívica, entre otras fuerzas.
En cuanto a los salarios, la ley obliga al Gobierno a recomponer lo perdido desde el 1° de enero de 2024 y actualizar los ingresos hasta el 31 de diciembre de forma mensual, de acuerdo a la variación de precios informada por el Indec.
Para el resto de los ítems se estipula una actualización bimestral.
De no vetarse, la ley generaría un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Desde noviembre de 2023, los salarios docentes cayeron un 23,7% en términos reales; la situación de los ingresos de investigadores y residentes es más grave, y la caída oscila en torno al 40%.
Además, en los primeros ocho meses del año, las transferencias a universidades cayeron un 30,1% contra el mismo período del año pasado y en lo que va de 2024 no hubo ejecución de partidas para gastos de capital.
Los gremios universitarios denuncian una caída drástica de sus ingresos reales de entre el 35 y el 55%, y por eso vienen de rechazar la propuesta de aumento adicional del 5,8% para octubre que hizo el Ministerio de Capital Humano.
Esa cartera inició una fuerte campaña de desacreditación de quienes impulsan la protesta e informó que un docente de dedicación exclusiva gana 1.400.000 pesos, mientras que un auxiliar no docente con antigüedad llega a un salario de un millón de pesos, bastante por encima de la canasta básica.
El veto de Milei
El Presidente vetaría hoy mismo y de manera total la Ley de Financiamiento Universitario que recompone el presupuesto universitario. La Casa Rosada dejó entrever que sería firmada esta noche y la decisión de respaldar o no el recorte presidencial estará otra vez en manos del Congreso.
Si el veto se firma hoy, mañana saldrá publicado en el Boletín Oficial. Una vez dictada la orden, la decisión del jefe de Estado irá al Congreso.
El oficialismo espera que pase lo mismo que con el veto al aumento de las jubilaciones. Y la decisión la tendrá, una vez, más el radicalismo.
Hace un mes, con el voto a favor de la UCR, las cámaras aprobaron la ley que recomponía el recorte de 8,1% de Milei a los jubilados. Luego el mandatario la vetó y, a pesar de las marchas, represiones y repudios de todo tipo, el oficialismo -con el contradictorio apoyo de los radicales- confirmó el veto.
El recorte a jubilados y pensionados quedó validado, y Milei celebró el triunfo con un asado en la Quinta de Olivos.
Esta vez, el Gobierno no la tiene tan fácil. La UCR votó a favor de la Ley de Financiamiento Universitario y no está claro que vuelva sobre sus propios pasos tal como hizo con la movilidad jubilatoria.
Por ahora, Milei no juntó las garantías suficientes para confiar en un respaldo al veto. ¿Qué pasará?


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