Narcotest VIP: funcionarios que tienen privilegios toxicológicos

Extenso es el uso que el poggismo le ha dado al abordaje de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, que prevé exámenes toxicológicos para referentes de los poderes públicos. Fogonean la implementación como una bandera de victoria y se enarbolan como los gerenciadores de la ética, embebidos de una pulcritud absolutamente cínica. Lo que ha estallado frente a la aplicación de la normativa, es un sector "VIP" que accede a los testeos por fuera de la aleatoriedad que estipula la ley. Privilegios para los funcionarios.

En este "selecto" grupo está el gobernador, Claudio Poggi, quien fue el primero en "someterse" a los estudios. También figuran el vicegobernador, Ricardo Endeiza; el ministro de Gobierno, Facundo Endeiza; la ministra de Seguridad, Nancy Sosa; la secretaria General, Romina Carbonell; el ministro de Hacienda, Néstor Ordoñez y la ministra de Salud, Teresa Nigra. El listado se puede extender, según la selección que se manipula desde Terrazas del Portezuelo. Lo cierto es que en los hechos, a los funcionarios les avisan la fecha, mientras que a los trabajadores les harán estudios sorpresivos.

"Hace unas horas me enviaron el resultado del examen toxicológico que me realicé hace unos días", publicó Poggi en sus redes sociales, anexando una fotografía de los análisis que se realizó el 14 de noviembre. "Quienes tenemos una responsabilidad pública debemos dar el ejemplo con nuestras acciones. La lucha contra el narcotráfico necesita coherencia y fortaleza, lo cual imposibilita a quienes consumen llevarla adelante", comentó. Mucho circo.

De acuerdo a la información oficial, unas 10 mil personas están en condiciones de hacerse el test de detección de drogas. Según el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, la ley tiene como objetivo detectar la existencia de drogas ilegales en el organismo de los funcionarios, prevenir el consumo abusivo de drogas legales y garantizar que los funcionarios tomen decisiones en plenitud de sus capacidades.

"La ética pública consiste en un conjunto de normas deseables para lograr un buen gobierno, por ello estamos comprometidos con la transparencia y la aplicación de normas éticas", agregó. Sin embargo, en la práctica los ideales esbozados por Bazla están totalmente desdibujados. El narcotest vip, es la prueba más fehaciente.

Según Bazla, la ley abarca a funcionarios de los tres poderes del Estado, legisladores, integrantes de la Policía, personal de salud. En términos generales, serán 5.800 efectivos policiales.

De un lado del mostrador toxicológico quedarán los privilegiados que tienen acceso con antelación a la fecha y hora de sus testeos, del otro lado, la gente común deberá someterse a la aleatoriedad. Una balanza desproporcionada, que hasta se puede transformar en una máquina de persecución.

En la letra, la normativa estipula que en caso de no cumplir con la ley, los funcionarios podrían enfrentar consecuencias como la cesación inmediata de sus funciones o afrontar un jury de enjuiciamiento. Pero, del dicho al hecho hay un largo trecho. Y más con el claro ejemplo del narcotest VIP, que deja en evidencia que el gobierno de Poggi manipula las normativas a su antojo.

La ley reza además que los exámenes toxicológicos serán de carácter obligatorio y se realizarán de manera anual y "aleatoria". Una mentira absoluta, porque en la práctica el narcotest VIP tiene fecha con antelación. Lo polémico trasciende a lo que estipula la normativa porque cualquier persona que consume y deja de hacerlo, al pasar algunos días si se hace el test puede dar negativo . La lucha contra el narcotráfico se torna una bomba de humo.

Desde el punto de vista técnico, la entidad encargada de los exámenes es la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). El 23 de octubre, Bazla y el decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Sebastián Andujar, celebraron un convenio para que los profesionales de la casa de estudios concreten el test rápido. 

De acuerdo a los datos oficiales, los costos para la realización de los estudios están financiados por el Ejecutivo provincial. Cada análisis cuesta unos $75 mil, estimó Andujar ese mismo día durante la conferencia de prensa.  

Para realizar el estudio, en primera instancia está el grupo ya determinado que es el Gobernador, los ministros y secretarios de estado. Luego, harán lo propio "de manera obligatoria y aleatoria" policías, funcionarios de los entes descentralizados, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las SAPEM, el jefe y el subjefe de Policía, la directora y el subdirector de la Penitenciaría.  Y después se va a trabajar en el mismo sentido "obligatorio y al azar" con todo el personal de la salud pública.

Ya lo dice una frase popular: “La verdad a medias es la más cobarde de las mentiras”.

Federico Berardo: "El gobernador tiene coronita"

Durante la última sesión de la Cámara de Diputados, el legislador del PJ, Federico Berardo, puso sobre la mesa la bomba explosiva que gira en torno al narcotest vip.

"Nos enteramos que se empieza a implementar el narcotest y que el primero iba a ser el Gobernador. ¿Qué pasó con la aleatoriedad, el sorteo, el mecanismo sorpresa? No, el Gobernador tiene coronita, el Gobernador se hace el estudio cuando quiere, lo publica y les miente a todos los puntanos mostrando ser un ejemplo que no es", sentenció.

Berardo llamó a la reflexión e invitó a pensar en el escándalo que sería si desde el lugar de los diputados, al momento en que les toque hacer el test, pidieran hacérselo primero, es decir, tener un privilegio a la hora de acceder al estudio. "¿Le preguntaron al personal de salud, a la Policía, cuándo quieren hacerse el test? Es una muestra más del humo que significa esta ley", apuntó.

Por otra parte, cuestionó la abultada cifra que implicaría la concreción de los testeos. Según contó, en el Presupuesto 2025 incluyeron los exámenes toxicológicos pese a que no estaba la ley aún aprobada. Berardo recordó que iba a salir $50 millones, pero remarcó que 22 pruebas salen $2 millones. "Un medio se encargó de la cuenta y nos va a salir casi mil millones de pesos hacer el narcotest que no va a servir de nada", señaló.

El estudio puede dar negativo si la persona deja de consumir por unos días

El decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Sebastián Andujar, explicó en qué consisten los exámenes toxicológicos que realiza la Universidad Nacional de San Luis  (UNSL) y graficó todos los detalles técnicos del caso.

De acuerdo a lo que describió, lo que la casa de estudios hace es un análisis presuntivo (de una muestra de orina), que es donde —una vez que se recibe la muestra— dice si el resultado es positivo o negativo; es cualitativo. Si la muestra da negativo, se informa por los caminos establecidos. Y si da positivo, se hace otro tipo de estudio más químico, donde se cuantifica la cantidad de la sustancia tóxica que se encontró.

La persona que recibe la muestra genera un código; no se sabe a quién se le está haciendo el análisis, es una muestra ciega. "Determinamos las sustancias según quien las solicite. Son análisis laborales, las empresas también piden análisis toxicológicos y quieren ver si hay determinadas sustancias. Se siguen todos los protocolos aprobados por Nación", sostuvo Andujar.

"Cuando se toma la muestra, se divide en dos. Una es la que se va a resguardar por si hay que hacer un control; con una de las muestras se hace el presuntivo. Si da negativo, se informa y se desechan las muestras. Si llegase a dar positivo, ese mismo recipiente se manda a otro laboratorio donde se hace el análisis para cuantificar y se da un resultado. Si se mantuviese positivo o los límites por encima de lo permitido de cualquier sustancia, se tiene el resguardo de esa otra muestra por si alguien cuestiona que estuvo mal hecho el análisis", puntualizó.

Al ser consultado por el costo de los procedimientos, dijo que el precio depende de la cantidad de muestras que se procesan y de la cantidad de las sustancias que se quieran determinar; a más sustancias, más caro es el estudio. En una conferencia de prensa había advertido un valor de $75 mil cada análisis.

Del mismo modo, explicó que tienen dos días en los que recepcionan los pacientes, aunque no saben a quiénes les van a mandar. El Gobierno se encarga de enviar los pacientes y definir el día del análisis.

Una particularidad que indicó Andujar es que si una persona que consume habitualmente sustancias ilegales deja de hacerlo por unos días, puede pasar que no se vea en el estudio, ya que todo tiene un tiempo en el que va a durar en el organismo.

La cantidad de días depende de la sustancia y del organismo.

"Se pregunta qué medicamentos consume el paciente, qué enfermedades tiene. Si consume un medicamento para poder dormir y está prescripto y en dosis normales, no va a ser detectable", ejemplificó.

Por último, contó que la Universidad dispone de dos bioquímicos y dos técnicos de laboratorio para concretar los exámenes toxicológicos.

Extenso es el uso que el poggismo le ha dado al abordaje de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, que prevé exámenes toxicológicos para referentes de los poderes públicos. Fogonean la implementación como una bandera de victoria y se enarbolan como los gerenciadores de la ética, embebidos de una pulcritud absolutamente cínica. Lo que ha estallado frente a la aplicación de la normativa, es un sector "VIP" que accede a los testeos por fuera de la aleatoriedad que estipula la ley. Privilegios para los funcionarios.