Legislatura: piden al gobierno provincial que informe sobre la aplicación del narcotest

Diputados del bloque justicialista abordan un pedido de informe al Ejecutivo Provincial para conocer detalles puntuales de la aplicación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, más conocida como narcotest. Buscan adentrarse en el grado de cumplimiento de la normativa que establece la obligatoriedad de los análisis toxicológicos para los funcionarios de los tres poderes del Estado provincial. El objetivo: garantizar transparencia. 

"El Gobernador y sus ministros, arrancaron haciéndose el narcotest cuando se les ocurrió, no a sorteo. Así, difícilmente iba a dar positivo. Para mí, es un negocio entre idas y venidas, no tenemos idea de cuánto sale. Decían que lo iban a pagar los mismos funcionarios. Yo soy diputado, me tocó hacerme el narcotest y nadie me pidió un peso, no puse ni diez centavos. Esto tiene que ver con las contradicciones permanentes. Entonces, una de las preguntas es ¿Cómo es el procedimiento de pago? ¿Se descuenta de planilla? ¿Se paga en el momento? A ningún diputado le cobraron, ni a los oficialistas. Ninguno puso un peso", cuestionó el diputado del Justicialismo, Federico Berardo, en diálogo con FM Lafinur. 

En ese sentido, explicó que a raíz de los 4 casos positivos detectados e informados por el Gobierno, lo que tratan de establecer es qué pasó luego, si se aplicaron todos los pasos que indica la legislación, siempre respetando el derecho a la intimidad, pero dando cuenta del cumplimiento de la ley. 

"Con todo el alarde y el circo que armaron, ahora pedimos que se hagan cargo de estos resultados y hagan cumplir la ley como corresponde", aseveró Berardo.

Especificaciones

Según lo informado el 23 de septiembre por el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, se han efectuado 1.131 análisis a funcionarios provinciales, resultando 4 positivos por consumo de drogas ilegales, cocaína y marihuana.

Se entiende que luego de esta instancia, las partes implicadas tienen derecho a solicitar una contraprueba en la Universidad de Buenos Aires. Y aún resultando eso positivo, tienen que ser asistidos por el Estado para recibir la contención de salud correspondiente para su rehabilitación, además de ser apartados del cargo.

"Resulta necesario que esta Cámara cuente con información precisa sobre las actuaciones derivadas de dichos resultados, las medidas adoptadas y el avance en la implementación de la ley, a fin de establecer sus facultades de control y velar por el cumplimiento de las normas de transparencia y ejemplaridad que deben regir en el ejercicio de la función pública", indica el texto legislativo.

Lo que piden

Los diputados pretenden que el Ejecutivo informe a la Cámara, en el plazo de 10 días hábiles de recibido el requerimiento, el procedimiento seguido sobre los 4 casos positivos, indicando si se efectuaron las contrapruebas y cuáles fueron los resultados. 

También quieren establecer si dichas personas continúan ejerciendo sus funciones, o si adoptaron medidas preventivas, terapéuticas o administrativas. 

Por último, se esperan precisiones sobre cómo se realiza el cobro para la aplicación de los análisis a los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.