El director del Molino Fénix dijo que lo obligaron a hacer la denuncia

Un escándalo sacude a la gestión del Molino Fénix tras la filtración de un audio que pone en duda la legitimidad de denuncias presentadas contra Anabela Lucero y Joaquín  Beltrán. Pablo González, actual director de Intendencia del Molino, asegura en el registro que fue obligado a denunciar y que no tiene intención de ratificar lo declarado. Además, detalla presiones internas y describe un entorno cargado de tensiones políticas. 

El Diario de la República accedió al material que ya forma parte del expediente judicial. En el audio, González expresa: “Yo no tengo nada contra vos. Yo sé que no te robaste nada”, en aparente referencia a Beltrán. También menciona que intentó renunciar varias veces sin éxito y que su permanencia en el cargo está condicionada por exigencias que describió como ineludibles: “A mí me exigen que rectifique lo que puse. Yo no hago esto de mala leche, pero estoy atrapado”. 

El abogado Gonzalo Estrada, representante de Lucero y Beltrán, confirmó la autenticidad del audio y aseguró que este pone en jaque todo el proceso judicial. “Lo que queda claro es que González no actuó con libertad. Si fue forzado a denunciar, toda la causa está viciada de nulidad”, expresó en diálogo con este medio. Estrada también adelantó que el lunes presentará un planteo formal para cuestionar las acciones judiciales que derivaron de la denuncia.

Según el audio, González habría sido instrumentalizado para generar acusaciones sin fundamento en el marco de una operación política. “Yo caí de pelotudo en el medio de un quilombo que es político. No entiendo por qué me dejaron a mí en esta situación”, se lo escucha decir. Además, señaló que los responsables de la denuncia forman parte de su entorno laboral: “Esto es algo que el doctor Oviedo y otros en la Secretaría me exigieron. Yo no estoy de acuerdo, pero me obligaron a hacerlo”. 

El funcionario también revela detalles que fortalecen la hipótesis de una estrategia armada para perjudicar políticamente a los acusados: “Los mismos que me pidieron que denuncie ahora están organizando reuniones para ajustar declaraciones y armar el expediente”. 

El caso resalta tensiones internas dentro del Molino Fénix, institución que depende de la Secretaría General liderada por Romina Carbonell. Según González, las denuncias que presentó no responden a hechos reales, sino a intereses políticos que lo colocaron en una posición insostenible. “Quiero renunciar y no me dejan. Cuatro veces lo intenté, pero no me lo aceptaron”, dice en el audio, donde también deja entrever su frustración por la falta de apoyo.

El funcionario menciona a otros involucrados en la coordinación de la denuncia, como el doctor Oviedo y el “Chelo” Palacios, quienes, según sus palabras, habrían gestionado reuniones con la intención de fortalecer la acusación. González también se refiere a Carbonell, asegurando que ella está al tanto de estas maniobras y ha intervenido en el proceso. “La Romina Carbonell quiere manejar todo desde San Luis, pero esto ya se descontroló. Yo no sé cómo salir de esto”, agrega. 

Estrada resaltó la gravedad del contenido del audio, aludiendo a la falta de consentimiento del denunciante para sostener las acusaciones: “El funcionario nunca pierde su libertad para actuar según sus competencias. Si no hay consentimiento claro, todo el proceso judicial se invalida”. 

Por su parte, los denunciados consideran que este material es una prueba crucial para demostrar su inocencia. El caso no solo cuestiona la transparencia de las acciones del Molino Fénix, sino también la utilización de recursos institucionales para fines políticos. La denuncia presentada podría quedar anulada si se comprueba que González actuó bajo coacción. 

En las próximas semanas, la causa podría dar un giro significativo con los planteos que el abogado de los acusados anticipó que realizará el lunes. Mientras tanto, las revelaciones del audio colocan a la gestión del Molino Fénix bajo una fuerte lupa pública y judicial.