Quines: familiares de María Díaz rechazan la prisión domiciliaria de Diego Cruceño

En la localidad de Quines, provincia de San Luis, la comunidad se encuentra conmocionada y movilizada tras la reciente decisión judicial que otorgó prisión domiciliaria a Diego Cruceño, imputado por la muerte de María Díaz. La medida fue adoptada por la jueza de Instrucción Agustina Dopazo Samper a solicitud de los defensores del acusado, buffet encabezado por Héctor Andina.

La familia de María, junto a amigos y vecinos, manifestó su indignación y anunció una movilización para esta tarde a las 19:00 horas en la rotonda de Quines. “No queremos prisión domiciliaria para Cruceño. El iba alcoholizado, escapó de la autoridad, y hay más pruebas que lo incriminan. ¿Qué más quieren para hacer justicia?”, declaró Macarena, hija de la víctima.

Los abogados de la familia, Hernán Gatica y Diego Martín Gatica, expresaron su oposición a la medida durante la audiencia. Consideran que la prisión domiciliaria representa un retroceso en la lucha por justicia y un golpe al dolor de la familia Díaz, que aún lidia con la pérdida de su ser querido.

Macarena hizo un llamado público: “Pedimos justicia por nuestra madre y por todas las familias que pasaron por lo mismo. Es importante que nos unamos como sociedad para que este tipo de decisiones no sigan ocurriendo”.

La movilización de esta tarde promete ser un reflejo del descontento colectivo, donde los quinenses exigirán que la justicia actúe con firmeza y sensibilidad ante este caso que ha conmocionado a toda la comunidad.

La versión de la defensa

Por su parte, la defensa de Diego Cruceño sostuvo que el acusado no se evadió del control policial, argumentando que la Policía Caminera no comunicó a la Comisaría local sobre una supuesta evasón, algo que, según ellos, nunca sucedió. Además, basándose en un croquis policial, afirmaron que el impacto ocurrió en el carril correspondiente a Cruceño y que el conductor no pudo evitar el accidente debido al estado del camino.

“Ha sido un accidente; Cruceño nunca tuvo la intención de matar”, declararon los defensores, quienes también respaldaron su versión con un testimonio. Agregaron que el alcotest supuestamente realizado al conductor aún no ha sido incorporado al expediente judicial y que las pruebas disponibles se limitan a dos entrevistas, un croquis, un video de la escena y un informe policial.

“Si se le hizo un alcotest en un control previo, ¿cómo es que siguió circulando?”, cuestionaron los abogados, quienes también destacaron que la jueza Dopazo Samper adoptó la medida de prisión domiciliaria entendiendo que no existían pruebas suficientes para dictar una medida cautelar de cumplimiento en el Servicio Penitenciario Provincial.