Imputaron a un joven por robar dinero al hermano de un amigo

A.G.A. se aprovechó de que un amigo había quedado al cuidado de la casa de su hermano, de apellido Guardia y empleado municipal de Santa Rosa del Conlara, para quitarle una llave, hacer una copia, colarse cuando no había nadie y robar de la vivienda una importante suma de dinero en moneda local y dólares.

Pero el joven de 22 años cayó en manos de la Justicia y la fiscal adjunta, Silvina Argüello, ordenó detenerlo y le formuló cargos por "Hurto agravado por el uso de llave verdadera que hubiere sido sustraída, hallada o retenida". Ahora, la fiscalía cuenta con 120 días para concluir la investigación.

Dos días después de que Guardia denunciara el robo en su vivienda, la plata fue recuperada el 1° de febrero en una casa de la calle Tucumán de la misma localidad, propiedad del imputado. En ese allanamiento, ordenado por la fiscal de Instrucción 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Débora Roy Gitto, efectivos de la División Homicidios también se incautaron de un manojo con llaves similares a las de la vivienda del damnificado.

En la audiencia de este viernes, en la que el juez de Garantías, Jorge Pinto, dio por formulados los cargos, Argüello relató que el 29 de enero Guardia salió de trabajar y llevó el dinero de la recaudación de un evento organizado por la Comuna a su casa para guardarla allí hasta poder depositarla el próximo día hábil. Luego, se retiró por algunas horas y, al regresar, la mochila ya no estaba.

También reportó el faltante de dinero en moneda extranjera que era parte de sus ahorros personales.

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal (MPF), A.G.A., quien es amigo del hermano del damnificado, visitó el domicilio de la víctima días antes del hecho, cuando el denunciante salió de viaje y dejó la vivienda al cuidado de su hermano. El imputado habría aprovechado ese dato y esos días para hacerse de las llaves y duplicarlas; a partir de esa presunción, Roy Gitto solicitó el allanamiento en la vivienda del imputado, donde efectivamente estaban el dinero, la mochila y las llaves.

La fiscal Argüello explicó que A.G.A. había sido demorado momentos previos al allanamiento en el balneario de la localidad y que en la requisa personal le secuestraron una mochila similar a la que el damnificado denunció como robada, con dos teléfonos celulares.

Los defensores oficiales, José Francisco Pérez y María Luz Vílchez, quienes asistieron al imputado, se opusieron a la formulación de cargos por considerar que las circunstancias del hecho no fueron establecidas con claridad. Según su planteo, la fiscalía no pudo ubicar a su defendido en el lugar del ilícito y también adujeron que no se ha probado si el denunciante tenía efectivamente la suma denunciada o si el dinero secuestrado es el reportado en la denuncia.

La defensa también pidió la nulidad de la requisa realizada en el balneario por considerar que fue una injerencia arbitraria por parte de la Policía, que lo interceptó y lo intimó a mostrar las pertenencias sin informarle sus derechos ni el motivo de la investigación. Además, afirmaron que la mochila secuestrada en la requisa es propiedad de su defendido y que se secuestró una segunda mochila de similares características a las mencionadas por el denunciante, pero que fue encontrada en ruta provincial 5.

La fiscalía se opuso a la nulidad planteada manifestando que para realizar una requisa personal no es necesario, en principio, informarle a la persona los hechos que se le imputan si se sospecha que esta puede tener elementos vinculados a un ilícito. Dijo, además, que el procedimiento se realizó en presencia de dos testigos y que, previo al allanamiento, A.G.A. fue notificado conforme lo establece el Código de Procedimiento.

Finalmente, Pinto resolvió rechazar el planteo de nulidad de la defensa y tener por válido el procedimiento, fundando lo dispuesto en la orden de allanamiento que dictó el 1º de febrero alrededor de las 14, a través de la cual autorizó a la Policía a registrar el domicilio del ladrón y, eventualmente, requisar al sospechoso.

En cuanto al planteo de no tener por formulados los cargos, el juez consideró que se trata de una imputación provisoria, en virtud de que la investigación recién empieza y que, a medida que se desarrolle la misma, la fiscalía deberá determinar si cuenta con elementos para mantener, ampliar o desistir de la acusación.

El MPF no solicitó ninguna medida de coerción personal, por lo que el joven involucrado seguirá investigado pero en libertad.

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