El bloque del PJ denunció en el fuero penal a la presidenta del Concejo

Concejales del bloque Frente Justicialista de Todos denunciaron penalmente a la presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad (HCD), Agustina Arancibia Rodríguez, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La denuncia fue presentada en el Juzgado Penal Nº 4 y se debe a múltiples cuestiones que involucraron a la legisladora durante su función como titular del cuerpo legislativo, que inició en diciembre pasado. El documento, al que pudo acceder El Diario, lleva la firma de los concejales del peronismo Juan Martín Divizia, Andrés Russo, Paulina Calderón, Gastón Témoli, Alejandro Cordido, Julieta Ponce y Agustina Gatto.

Cuatro hechos graves

En detalle, son cuatro los sucesos por los que los ediles denunciaron a Arancibia Rodríguez. El primero de ellos fue la desvinculación de empleados del Concejo Deliberante el pasado 22 de diciembre. Para los concejales, la presidenta, que responde al intendente Gastón Hissa, se apartó de todos los procesos legales en los que se puede discutir el apartamiento de un empleado público.

No inició sumarios administrativos, no garantizó el derecho de defensa del personal. Si la presidencia consideraba que el acto por el que se designó a los empleados —por la voluntad del propio concejo— era nulo, debía ir por la vía judicial. Para el bloque peronista se trató de una resolución arbitraria y hasta hubo empleados que presentaron un amparo. (N. de R. El amparo ya tuvo un fallo favorable en la Justicia que se dio a conocer ayer por la tarde; tienen que reincorporar trabajadores).

Es por esto que indican que Arancibia Rodríguez incumplió con sus deberes de funcionario público, por no seguir los procedimientos legales correspondientes, obrar con arbitrariedad y abusar así de su autoridad.

El segundo punto fue el 15 de diciembre del año pasado. En sesión extraordinaria, la presidenta ordenó tratar de nuevo una ordenanza que ya había sido rechazada sobre tablas en una oportunidad, que era la aprobación de la emergencia económica y de transporte. “Es una situación inédita en las legislaturas de nuestro país”, remarcó a El Diario el concejal Cordido.

El tercer hecho refiere al desdoblamiento de sueldos de los empleados públicos, que decidió el ejecutivo municipal y que a su vez adoptó el Concejo Deliberante. "El bloque justicialista le requirió a la presidenta que arbitre las medidas para que el ejecutivo respete la carta orgánica, la división de poderes, el presupuesto propio del concejo y, en consecuencia, que la presidenta no admita el desdoblamiento. Ese pedido no se contestó, no fue debatido o puesto en consideración”, explicó Cordido.

Esta situación tuvo sus agravantes: y es que los concejales cuentan con información que comprueba que el Municipio contaba con el 100% del dinero para pagar a la masa salarial de toda la Comuna, con dos Aportes del Tesoro Provincial (ATP) girados, por un importe equivalente a lo que representaba el hoy extinto "Tratado de La Toma".

“Lo que trascendió con informaciones públicas es que ese dinero, que no se pagó a tiempo (con desdoblamiento de salario), se lo habría puesto en un plazo fijo a generar intereses ¿Para qué fin? Lo desconocemos. Consultamos y no se nos informó”, amplió Cordido.

El cuarto concepto refiere a la aprobación ilegal del endeudamiento del Municipio para pagar sueldos. Esto ocurrió en otra sesión extraordinaria, el pasado 19 de enero. El pedido fue aprobado por mayoría simple, cuando se requería de una mayoría especial de dos tercios. La mayoría especial está establecida en la Carta Orgánica de la ciudad, la Constitución Provincial y el Reglamento Interno, enumeró.

Describió que ayer se presentaron al juzgado de turno, el Nº 4, que actualmente se encuentra vacante, pero que cuenta con

subrogante. La secretaria del juzgado les indicó que debían presentar la denuncia en el sistema de recepción. A partir de ahí, deberán intervenir los fiscales. “Una vez que el fiscal toma la causa, empieza con el análisis y, si entiende que hay mérito suficiente, impulsa el procedimiento y le pide al juez que se avance con el juicio”, explicó el concejal, que también es abogado.

Responsabilidad patrimonial

“Nosotros y nosotras entendemos que la denuncia ha sido fundada debidamente, con un cúmulo de pruebas importante, que configura y demuestra una misma conducta que fundamentalmente afecta a la administración pública”, argumentó.

“También en la denuncia se señaló concretamente que cualquier responsabilidad patrimonial que pudiese surgir tiene carácter solidario, como dice la carta orgánica, que puede ser perseguida en el patrimonio de los propios funcionarios y funcionarias involucrados eventualmente”, agregó.

Para la presentación, también evaluaron situaciones similares ocurridas en otras provincias y contaron con el patrocinio letrado de la abogada Nélida Estrella Marín.

“Llegar a esta instancia es una situación extrema porque se agotaron todas las vías para intentar encauzar la discusión, dentro de la institucionalidad. Ante la imposibilidad que eso suceda entendíamos que era nuestro deber como funcionarios públicos formular la denuncia”, concluyó.

Redacción/MGE