Afirman que hay evidencias para imputar a Arancibia Rodríguez

El capricho de la presidenta del Concejo Deliberante de San Luis, Agustina Arancibia Rodríguez, de no querer incorporar a catorce empleados del Legislativo municipal que fueron despedidos en enero, pesó más que una orden judicial. Sin embargo, este rechazo ha tenido sus consecuencias.

Señalaron que ya concluyó la investigación penal preliminar y que se encontraron evidencias para imputar a la titular del cuerpo de la presunta comisión del delito de “Incumplimiento de una medida judicial”. El expediente pasó a la Unidad de Gestión Fiscal.

“Se encontró evidencia suficiente de este delito, que es el incumplimiento de una orden judicial, y se giró la causa a fiscalía con el fin de que se prosiga con la acusación penal. Mañana (por hoy) hablaremos con el fiscal a ver si va a requerir medios de prueba o él también considera acreditada la existencia del hecho. Nos constituiremos como particulares damnificados y pediremos que la llame a la respectiva audiencia de formulación de cargos”, explicó el abogado de los empleados desafectados, Esteban Brada.

A fines de febrero, el Concejo Deliberante recibió una medida cautelar firmada por la jueza Valeria Benavídez, que ordenaba la reincorporación de los catorce empleados que habían sido despedidos en enero a pesar de que habían adquirido la planta permanente dentro del Legislativo municipal.

Los trabajadores volvieron a pisar el Concejo, pero desde ese entonces a la actualidad no les asignaron ningún tipo de tareas, por lo cual cumplían el horario de trabajo sentados en el patio del edificio. Ante esta negativa y bajo la ratificación de la denuncia penal, se llevó adelante una investigación contra Arancibia Rodríguez por incumplir la orden judicial.

“Con esta imputación se abre la vieja etapa de procedimiento, en la que nace un período de 60 días generalmente para recolectar pruebas y el paso que sigue es la audiencia de formulación de cargos y posterior a juicio”, señaló el abogado.

Brada explicó que ante este delito, el Código Penal establece una pena de tres meses a un año de prisión. “Lo cual no va a ser de prisión efectiva, ni mucho menos. Ahora hay que ver si el fiscal no decide ampliar los cargos por su calidad de funcionaria pública u otra figura penal que considere pertinente. Nosotros como particular damnificados tenemos una amplia participación en el proceso penal”, remarcó.

El letrado, junto a los damnificados, pedirá otras medidas. “El delito se ha cometido, porque cualquier ciudadano que ha cometido un delito tiene la responsabilidad de rendir cuentas ante la Justicia y pagar la pena. Además de eso, ella sigue incumpliendo la demanda judicial. De ahí el agente fiscal puede tomar otra determinación que puede derivar en un delito más grande, porque no por ser presidenta del Concejo Deliberante puede hacer lo que quiere”, dijo.

Este fin de semana, la funcionaria fue notificada por una resolución en la que la Justicia indica que "se ha reunido evidencia que permite presumir la existencia del hecho denunciado", en referencia al incumplimiento de una orden judicial. "Habiendo concluido la investigación preliminar elévense los presentes a la Unidad de Gestión Fiscal a sus efectos", reza el documento al que El Diario de la República pudo acceder.

Por último, el abogado pedirá que los trabajadores sean cesados hasta que la Justicia pueda determinar la asignación de un espacio digno de trabajo y que cumpla con los Derechos Humanos.