“Veinte años no es nada”, y parece que treinta tampoco…

El Poder Ejecutivo Nacional presentó para su consideración en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto titulado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. El martes pasado obtuvo la media sanción de la Cámara baja. Se trata de una iniciativa de más de doscientos artículos. Sin embargo, se destaca muy particularmente el Título VII que contiene un “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI). Hoy, en el mercado que tanto destaca el oficialismo gobernante, los movimientos financieros se encuentran auditados por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Su labor se centra en cuestiones de lavado de dinero. Argentina es parte del GAFI. Vale entonces destacar la opinión de este organismo respecto de tan pretencioso proyecto: “El RIGI constituye una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que los capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad… ". Las fallas de seguridad de la ley son ostensibles, transformándola en funcional al blanqueo o lavado de capitales, lo que significará transformar a Argentina en una plaza complaciente para la operación de organizaciones criminales de funcionamiento y objeto multidimensional. No existe en el texto del proyecto de ley ningún requisito sólido de acreditación de origen lícito de los fondos o su trazabilidad para evitar un blanqueo o lavado encubierto generado por organizaciones criminales". Distintas voces de alerta se han levantado respecto a los peligros que implica su aprobación. Entidades industriales, como la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), han advertido acerca de la competencia desleal que provocaría con las empresas nacionales que no cuentan con estas ventajas. El RIGI es para quienes estén dispuestos a invertir más de doscientos millones de dólares. Y, básicamente, otorga notorias ventajas: la libre importación de bienes de capital e intermedios, sin control de dumping ni impuestos (maquinaria, tecnología, insumos, servicios); reducción al mínimo de los impuestos, discriminando a otras empresas locales; no hay obligación de ingresar al país las divisas que obtienen por exportación, generando balance negativo de divisas; no hay obligación de abastecer al mercado interno, ni siquiera en caso de fuerza mayor como catástrofes, pandemias o guerras; no hay obligación de desarrollar la investigación y desarrollo local, ni el agregado de valor, así como tampoco de transferir tecnología; no se establecen controles sobre el origen de los fondos; no tiene requisitos de contratación de mano de obra local; le garantiza a los inversores que no se producirán cambios normativos (tributarios, aduaneros, cambiarios) a nivel nacional, y que en caso de litigio se dirimen en tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial con sede en Washington. Esto último implica que cualquier diferencia que se pretenda llevar al terreno judicial será dirimida fuera del ámbito local, en tribunales extranjeros, con eventuales arbitrajes internacionales. A esto el proyecto llama, escandalosamente, “seguridad jurídica”. Esta ligera descripción del contenido de este régimen permite sostener la opinión de algunos analistas que advierten serios peligros referidos a la entrega absoluta de soberanía argentina, de los recursos naturales y de la posibilidad de desarrollar la industria nacional, y con ella el país, en el corto y mediano plazo.

Pero la frutilla de este postre amargo es la concesión de estabilidad fiscal por treinta años: sí, treinta años. Artículo 199: “…se extienda hasta los 30 (treinta años) posteriores a la fecha estimada de puesta en marcha de cada etapa del Proyecto…”.

El objetivo del RIGI se concentra en los grandes recursos naturales de la Argentina, en particular, gas, petróleo y litio, y eventualmente otros como agua y alimentos.