El aceite de palma, que está presente en miles de productos -desde champús, alimentos procesados o maquillajes-, acumula innumerables denuncias por daños ambientales en las principales regiones productoras, como el sudeste asiático y América Latina.
La mayoría de las denuncias son por la pérdida de bosques tropicales que provocó la expansión de la palma aceitera.
En los países latinoamericanos, las comunidades que son vecinas de las plantaciones de palma suman otras quejas: a partir del momento en que este monocultivo domina su territorio, reportan que las fuentes de agua empiezan a reducirse, algunos ríos a secarse -al punto incluso de dejar de ser aptos para pescar o beber- y la contaminación con pesticidas y químicos de las fuentes de agua agrava la situación.
Las denuncias crecen en aquellos países latinoamericanos en donde el cultivo de palma de aceite crece de forma discreta.
Cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que en el 2023 la producción mundial fue de 79,53 millones de toneladas, mientras que en el 2022 alcanzó 77,96 millones de toneladas. Esto representa un incremento del 2%; una tendencia al alza que continuará en el 2024, ya que las proyecciones estiman una producción de 80,19 millones de toneladas.
Indonesia, Malasia y Tailandia concentraron el 87% de la producción mundial en el 2023, mientras que los países africanos y latinoamericanos produjeron el 13% restante.
Colombia fue el principal productor por fuera del sudeste asiático (1,9 millones de toneladas), ocupando el puesto 4. En el top 15 también aparecen Guatemala en el puesto 6, Honduras en el 9, Brasil en el 10 y Ecuador en el 12.
Esta tendencia al alza en la producción de aceite de palma, que incluye a los países latinoamericanos, revela también el peligro que representa el incremento de los problemas ambientales, sobre todo si las autoridades no asocian la bonanza económica con la fiscalización de la actividad.
De hecho, la base de datos construida por Mongabay Latam y la alianza periodística Tras las Huellas de la Palma, a través de solicitudes de información a entidades de gobierno, documenta la existencia de al menos 298 procesos abiertos por distintas quejas ambientales, entre 2010 y 2021, contra empresas y productores de palma en Colombia, Ecuador, Brasil, Guatemala, Honduras y Costa Rica.
Algunas de las denuncias más frecuentes en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras están relacionadas, precisamente, con la contaminación de agua-principalmente con pesticidas y otros agroquímicos- y con el desvío o acaparamiento de esta. Hubo 59 procesos que incluían sanciones: 32 en Colombia, 25 en Guatemala, 2 en Ecuador y ninguno en Honduras, a pesar que las comunidades denuncian lo contrario.
Del total de casos, sólo seis finalizaron con una sanción monetaria contra el infractor, en tres pidieron medidas de reparación ambiental y en dos hubo solicitudes de mejora de la actividad productiva. En cinco casos las autoridades no dieron información sobre las sanciones impuestas y en 46 fue imposible determinar el estado de la investigación.
La falta de información y la entrega de información incompleta son una constante en las respuestas que brindan las autoridades. A eso hay que agregar otro gran problema: la ausencia de estudios técnicos y científicos que analicen la contaminación del agua y que ayuden a determinar la responsabilidad de la industria palmicultora en esa contaminación.
Las denuncias incluyen acaparamiento de agua, contaminación y riesgos severos para las comunidades vecinas. La huella del aceite de palma comienza a ser severa.
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