Acusan al Gobierno y al Municipio de criminalizar la protesta social

El poggismo hasta ahora ha mostrado una tendencia al ajuste permanente y una notable falta de creatividad para implementar medidas que beneficien a los puntanos. Sin embargo, en donde sí exhibe inventiva es para intentar aplacar el descontento que generan sus propias medidas. Los gremios advierten una clara estrategia para perseguir y criminalizar el reclamo social.

 

El secretario general de ATE, Fernando Gatica, destacó que el estado puntano ha implementado en estos meses un procedimiento aceitado para acorralar a los trabajadores, incrementar su vulnerabilidad, y desalentarlos así a que se sumen a protestas. 

 

“Sacaron la planta permanente para que los trabajadores estén en condiciones precarias para salir a reclamar, y cuando se animan o los echan o les descuentan el día como pasó en Dosep, donde tuvieron que dar marcha atrás”, señaló en Lafinur FM Radio. Gatica observa que el Ejecutivo en la persecución de los trabajadores muestra una eficiencia que está ausente a la hora de solucionar los problemas. 

 

Para desalentar los reclamos, el Gobierno  implementa toda una gama de acciones que incluye el descuento del día de huelga (como ha sido común en los docentes), el descuento de horas, el traslado a otros sectores o directamente el despido.    

 

La gestión de Gastón Hissa en la Municipalidad de San Luis adopta la misma tónica. En la semana el juez Juan Montiveros Chada citó a audiencia a tres trabajadores municipales y gremialistas de ATE, entre los que se encuentra Gatica, por supuestos destrozos en la sede comunal de Belgrano y San Martín durante una protesta realizada el 30 de enero de este año. La denuncia penal fue interpuesta por el Intendente.   

 

“La manifestación se hizo para reclamar la reincorporación de 280 compañeros despedidos y para que otorguen un  aumento salarial. En ningún momento se amenazó al Intendente o hubo resistencia a la autoridad”, dijo Gatica, quien subrayó que las acusaciones realizadas por la Comuna sobre supuestos destrozos carecen de todo argumento, ya que filmaron un video en presencia de un comisario en que el que se confirma que la sede municipal fue dejada en las mismas condicione que encontraron los manifestantes cuando habían ingresado.  

 

En ATE advirtieron que se enteraron del llamado a citación el 19 de septiembre a través de los medios oficiales y adictos al poggismo. Además, subrayaron que tampoco fueron informados sobre la hora y el lugar para recibir la formulación de cargos. 

 

En el sindicato no dudan que todas estas acciones persecutorias apuntan a aleccionar a quienes se animen a enfrentar las políticas de ajuste aplicadas tanto por el Gobierno de San Luis como por los municipios afines.