Dice que le quitaron una vivienda social tras 13 años de espera y más de 70 cuotas pagas

La ilusión de tener un techo propio se convirtió en indignación y bronca para Juan Carlos, un vecino de San Luis que denunció públicamente haber sido desadjudicado de una vivienda social después de más de una década de espera y tras haber abonado más de 70 cuotas al plan habitacional al que se había inscripto en 2011.

Según relató, cumplió con todos los requisitos exigidos por el sistema de viviendas sociales: antigüedad de residencia, documentación en regla, pagos al día y participación en reuniones obligatorias. Incluso, afirmó que el año pasado apareció en los listados como adjudicatario y se preparaba para recibir la casa.

El conflicto estalló cuando, al concurrir por sus propios medios a Casa de Gobierno, se enteró de que había sido “desadjudicado”. La explicación que recibió —según su testimonio— fue que tenía un hijo que reside en Mendoza, situación que, de acuerdo a lo que le habrían informado desde el área de Vivienda, lo dejó automáticamente fuera del beneficio.

Juan Carlos aseguró que jamás fue notificado de manera formal, ni por correo electrónico ni por teléfono, a pesar de que las autoridades contaban con todos sus datos de contacto. Señaló además que nunca fue atendido por el responsable del área, Pipo Rossi, y que siempre fue derivado a empleados sin poder de decisión.

El denunciante también expresó sospechas de que su vivienda podría ser entregada a personas vinculadas políticamente al oficialismo. “No pueden jugar así con la gente, tantos años esperando para que se la den a un amigo del poder”, afirmó, y anunció que se presentará el 12 de diciembre en el acto de entrega de viviendas junto a su abogada y otros vecinos que atraviesen situaciones similares.

A esto se suma el reclamo por el destino de las cuotas abonadas: sostuvo que no recibió ninguna respuesta sobre una posible devolución del dinero, ni explicación formal sobre el manejo de su legajo. “No quiero la plata, quiero mi casa”, remarcó.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena la falta de transparencia en los mecanismos de adjudicación de viviendas sociales en la provincia, un tema que ya había sido cuestionado por la ausencia de listados públicos y la falta de información oficial para los beneficiarios.