Emergencia económica: críticas a las contrataciones directas y la concentración de poder

Un polémico proyecto se abordó este miércoles en la Cámara de Diputados. Por 24 votos afirmativos del poggismo/aliados y 15 negativos del Frente Unidad Justicialista, se aprobó la prórroga parcial de la emergencia económica, que contempla una duración de dos años prorrogable por igual período. La medida fue muy cuestionada por la oposición, que remarcó que más allá de las palabras de la diputada Eugenia Gallardo, quien defendió la propuesta, en realidad la letra de la normativa apunta a un riesgoso camino de contrataciones directas y concentración de poder. 

 

 

Qué dijo el oficialismo

 

Gallardo fue la miembro informante por la mayoría poggista. Contó que en lo que fue la emergencia del 2023, la provincia "tenía un problema radicado en el descontrol de gastos" y que ahora, en 2025, la emergencia "está asociada directamente a la caída de la recaudación".

 

Dijo que los niveles de coparticipación, que integra el 75,6% de los recursos, están por debajo de los niveles que la provincia recibió en la última década. Afirmó además que el objetivo de la prórroga es "proteger a los empleados de la administración pública y a los beneficiarios de los planes sociales garantizando la continuidad de sus ingresos en un periodo de alta volatilidad y merma de recursos nacionales".

 

 

La diputada, Eugenia Gallardo. Foto: Cámara de Diputados. 

 

Entre los principales ejes del proyecto, se destaca una reserva salarial social, que tendrá un monto equivalente al pago de dos meses de salarios de empleados públicos de los tres poderes del estado, beneficiarios del Plan de Inclusión y subvenciones a los establecimientos escolares privados, generativos y autogestionados. Este monto tendrá que ser actualizado según la nómina salarial y reintegrado cada vez que sea actualizado. 

 

Se prohíben las contrataciones que superen la planta de personal al 30 de noviembre del 2023 y se prohíbe la incorporación de nuevos beneficiarios del Plan de Inclusión.

 

 

Contundentes declaraciones del justicialismo

 

La diputada Silvia Sosa Araujo fue la miembro informante por la minoría (Frente Unidad Justicialista). Inició su intervención remarcando que el bloque solicitó la derogación del Decreto 10443 del Ministerio de Hacienda. Inmediatamente, arrojó declaraciones explosivas.

 

"No podemos dejar de reconocer que este gobernador es el mejor alumno que tiene Milei, es de los pocos o el único que cumple a rajatabla indicaciones del Gobierno Nacional, con decretos y estados de emergencia permanentes. No lo vamos a felicitar porque no queremos eso para San Luis. Es el mejor alumno de Milei", subrayó.

 

También explicó que la ley en sí misma tiene dos partes, aunque no lo haya especificado Gallardo. Por un lado, los puntos más elementales que sí fueron explícitos, pero por el otro hay una necesidad de convertir la excepción en regla, gobernando con superpoderes que anulan el rol de la Legislatura. "Piden cheque en blanco basado en el fracaso de su gestión de emergencia, concentrar el poder. Defendemos la institucionalidad, la transparencia y las soluciones reales, no los parches", manifestó Sosa Araujo. 

 

 

La diputada, Silvia Sosa Araujo. Foto: Cámara de Diputados. 

 

También criticó la repetida postura del oficialismo que destaca un déficit en diciembre del 2023, mientras que el Tribunal de Cuentas en el Acuerdo 303 (página 8) detalla que la plata estaba. 

 

"Si vamos a esta prórroga parcial, estamos tocando dos leyes de la Justicia", repudió la diputada al advertir aspectos sobre los recursos para el Poder Judicial, por ejemplo. 

 

En otro tramo cuestionó que las viviendas que intentan hacer, quieren materializarlas "por contratación directa", con todo lo que ese agujero negro implica. En definitiva, detrás de la emergencia, pretenden "prorrogar el corazón del autoritarismo, gastar sin control, reestructurar el presupuesto a su antojo y decidir el destino de los empleados públicos sin pasar por la Legislatura".  

 

"¿Qué clase de emergencia dura 4 años? Este es un modelo de Gobierno, gobernar por decreto, vaciando el poder a la Legislatura. El pueblo nos eligió a nosotros, no le dio todo el poder al gobernador. Somos representantes del pueblo, el pueblo nos dice lo que tenemos que decir. Cumplamos las normas", aseveró.

 

 
La falacia de los gastos superfluos y la postura ante la merma de recursos

 

El diputado y presidente del Bloque Justicialista, Federico Berardo, aportó importantes declaraciones sobre la normativa. Por un lado, agradeció la presencia de funcionarios del Gobierno para abordar el proyecto en comisiones, pero remarcó la necesidad de que este tipo de visitas se informen con anterioridad, con tiempo, para que el resto de los diputados que no forman parte de determinadas comisiones, puedan presentarse y efectuar las correspondientes consultas. 

 

"Ayer (por el martes) en una de las consultas que le hice a funcionarios sobre cómo juega esta inflación, coparticipación y aumentos salariales, no supieron, no pudieron o no quisieron responder. Lo que el Ejecutivo dice es que la coparticipación no aumenta en base a la inflación y que eso es el motivo de la gran crisis", contó.

 

En ese sentido, llevó un ejemplo simple y práctico para comprender la cuestión. "Vamos a hacer de cuenta que el Gobierno recibió en enero del 2024 $100 de coparticipación. De esos $100, según manifestaron, $70 fueron a gastos de sueldos. Los otros $30 fueron a gastos de inversión. Si jugamos con eso, y con esos $100 nos vamos a diciembre, no recibió $100 sino $300. En sueldos, en diciembre fueron $116, un aumento del 66%. Ahora, suena bastante desparejo, cuánto aumento la masa coparticipable y cuánto decidió Claudio Poggi destinar a los sueldos. Se perjudicó y mucho a los empleados públicos", insistió.

 

 

El diputado, Federico Berardo. Foto: Cámara de Diputados. 

 

Por otro lado, hizo mención a un supuesto saneamiento en el 2024 de los gastos superfluos. Pero siguiendo ese razonamiento, Berardo precisó que el ahorro, el recorte, según las cuentas de inversión, no fue en gastos precisamente "superfluos" sino en aspectos como el banco de prótesis, medicamentos oncológicos (con el conocido y terrible panorama que se afronta en este sentido), mermas de gastos en el Ministerio de Seguridad (como si no hubiese problemas en ese aspecto). Sin embargo en publicidad "no quedó un solo peso", en Canal 13 (San Luis Más) tampoco. "Claramente no sé si se somete a discusión técnica, pero sí a discusión política. Qué es gasto superfluo y qué no es", lamentó.

 

También cuestionó que por un lado se habla de una merma de ingresos, pero por el otro el gobernador no toma ninguna acción legal para revertir el escenario.

 

Sobre las contrataciones directas, fue severo y trajo a la memoria lo que ha pasado con el PANE. Si en un año y medio todavía no logran que el Gobierno de un informe sobre los proveedores, ¿qué más podría pasar con otras circunstancias aún más complejas como la obra pública? Las contrataciones directas son un claro riesgo, en este sentido.