El Gobierno sigue sin responder preguntas claves sobre el PANE
La oposición pidió información sobre proveedores, controles sanitarios, intoxicaciones y contrataciones. Aunque la Cámara de Diputados insistió en que se difunda quiénes entregan las viandas, no se conoce una respuesta pública integral con esos datos.
Desde 2024, los cuestionamientos al Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE) se repiten en la Cámara de Diputados. Las presentaciones surgieron después de denuncias por alimentos en mal estado en escuelas de San Luis y otras localidades. Entre los casos señalados estuvo el de la Escuela 411 de San Jerónimo, donde más de 20 estudiantes presentaron síntomas de intoxicación.
La exdiputada Sonia Delarco planteó el tema en tres oportunidades durante 2024: en abril, mayo y octubre. En esos reclamos pidió explicaciones sobre la calidad de las viandas y las condiciones de seguridad e higiene. También reclamó conocer qué controles se aplicaban al almacenamiento y al traslado de los alimentos, y quiénes eran los proveedores del programa. En noviembre, además, presentó una interpelación al ministro de Educación, según consta en el registro de sesiones.
Las preguntas volvieron a cobrar fuerza en 2025, tras nuevas intoxicaciones en establecimientos de San Luis y Villa Mercedes. La oposición pidió informes a las áreas de Salud y Educación y reclamó precisiones sobre el listado de proveedores, las viandas asignadas a cada escuela y las medidas previstas ante nuevos episodios. También preguntó por las inspecciones, las sanciones y las acciones contra quienes elaboraban o distribuían comida en mal estado.
Uno de los reclamos centrales sigue sin despejarse: quiénes proveen las viandas. En abril de 2025, la Cámara aprobó por unanimidad una solicitud para que el Ejecutivo difundiera esa lista. En junio, los diputados volvieron a insistir y pidieron que se informaran, además, posibles vínculos entre proveedores y funcionarios. En el debate, legisladores señalaron que el Gobierno no había entregado la información. La secretaria del PANE había atribuido la reserva a una recomendación de abogados del Ministerio de Educación.
El oficialismo defendió el programa y, ante algunos episodios, los presentó como hechos puntuales o señaló responsabilidades de otros actores. Pero esas respuestas no despejaron públicamente las preguntas sobre la contratación, la fiscalización y la trazabilidad de los alimentos. Hasta la información pública consultada, tampoco aparece una contestación integral que reúna los datos solicitados por los legisladores.
La falta de precisiones mantiene abierto un reclamo básico de las familias: saber quién prepara la comida que reciben sus hijos, qué controles se realizan antes de que llegue a las escuelas y qué medidas se tomaron después de las intoxicaciones denunciadas.
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