El valor del agua en San Luis

En la Argentina actual se está discutiendo mucho más que una modificación normativa. Se está discutiendo si el país va a sostener una visión estratégica del desarrollo o si va a retroceder hacia decisiones improvisadas, cortoplacistas y profundamente irresponsables.

La posible flexibilización de la Ley de Glaciares no es un tema ajeno a San Luis. No lo es para nuestra producción, no lo es para nuestras economías regionales y, sobre todo, no lo es para la vida cotidiana de miles de familias que dependen del agua como condición básica para subsistir. Los glaciares constituyen reservas hídricas estratégicas que sostienen sistemas productivos y comunidades enteras a lo largo del territorio nacional. 

Nuestra provincia no tiene glaciares propios, pero sí tiene memoria. Tiene una historia construida a partir de la conciencia de que el agua es desarrollo, es arraigo y es soberanía. En un territorio semiárido, con lluvias irregulares y suelos frágiles, el Estado provincial entendió hace décadas (desde 1983), que garantizar seguridad hídrica no era una opción, sino una obligación política.

Por eso se impulsó una política de infraestructura hídrica de largo plazo. Más de veinte diques y embalses, redes de acueductos que integraron pueblos, planificación del uso productivo del recurso y una visión territorial que permitió poblar el interior, potenciar la producción y generar turismo. Ese proceso no fue casual: fue el resultado de una decisión política firme que entendió que el progreso debía construirse en equilibrio con el ambiente.

San Luis fue pionera en demostrar que la supuesta contradicción entre desarrollo y cuidado ambiental es una mentira peligrosa. El verdadero progreso es el que se sostiene en el tiempo. El que cuida los bienes comunes. El que piensa en las próximas generaciones. De hecho, tenemos gracias a Alberto Rodríguez Saá, un tratado de Paz entre el Progreso y Medio Ambiente que marca este rumbo.

Por eso resulta alarmante que hoy el debate nacional sobre la Ley de Glaciares se esté dando en un contexto de negacionismo climático, desfinanciamiento de políticas ambientales y abandono de herramientas estratégicas de formación pública. Entre ellas, la propia Ley Yolanda —sancionada en 2020 para garantizar la capacitación obligatoria en ambiente y desarrollo sostenible para quienes ejercen funciones en el Estado— cuyo espíritu y objetivos han sido claramente incumplidos por el actual poder político nacional. 

Gobernar sin formación ambiental no es modernizar el Estado: es debilitarlo. Decidir sobre reservas hídricas sin evidencia científica suficiente no es promover inversiones: es poner en riesgo el futuro productivo del país. Reducir el ambiente a una variable secundaria no es una postura ideológica más: es una irresponsabilidad histórica.

San Luis sabe que cuando falta el agua, falta todo. Falta producción, falta empleo, falta arraigo y falta desarrollo. Por eso esta provincia convirtió el cuidado del recurso hídrico en una verdadera política de Estado. Porque entendió que sin planificación no hay progreso posible.

Debilitar la Ley de Glaciares sería desconocer esa experiencia. Sería poner en riesgo el esfuerzo de generaciones que trabajaron para garantizar que nuestros pueblos puedan crecer. Sería aceptar que las decisiones estratégicas se tomen desde la urgencia económica y no desde la responsabilidad federal.

Argentina necesita crecer, producir y generar oportunidades. Pero necesita hacerlo con inteligencia, con conocimiento y con visión de largo plazo. Proteger los glaciares no es frenar el desarrollo: es garantizar que el desarrollo no sea un espejismo.

San Luis lo aprendió hace tiempo. Ojalá la Nación no lo olvide ahora.

Porque cuando se pone en riesgo el agua, no se discute solo una ley.
Se discute el futuro mismo de la Argentina.