Vecinos marcharán este lunes para exigir la liberación de Ontiveros y Clavero

Bajo el lema “nos toca levantar la voz”, Santa Rosa del Conlara vivirá este lunes una jornada de movilización comunitaria en apoyo a Marcos Dionisio Ontiveros y Heraldo Reynaldo Clavero, los dos efectivos que permanecen privados de la libertad en el marco de la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales.

La marcha pacífica, convocada a través de redes sociales con la consigna “La solidaridad nos une, la lucha nos hace más fuertes”, tendrá su punto de encuentro a las 16 en la Plaza Pringles. Los organizadores invitaron a la población a sumarse tanto de manera peatonal como en vehículos para pedir por la excarcelación de los agentes, en quienes un sector de la comunidad mantiene el reclamo de inocencia.

El reclamo surge días después de una importante novedad judicial en el expediente: la jueza de Garantías Natalia Pereyra Cardini otorgó la libertad condicional a las otras dos expolicías imputadas en el hecho, María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres, fijando medidas cautelares como la prohibición de salir de San Luis y la obligación de firmar mensualmente el libro de la Fiscalía durante 90 días.

En esa misma audiencia, la magistrada dispuso prorrogar por tres meses la prisión preventiva de Clavero y Ontiveros en el Servicio Penitenciario Provincial, rechazando además el pedido de prisión domiciliaria para Clavero. Frente a esta resolución, las defensas técnicas presentaron recursos de revisión que ya fueron elevados al Colegio de Jueces para su tratamiento.

El hecho investigado ocurrió el 5 de abril de 2020, cuando Magalí Morales fue aprehendida en el marco de las restricciones sanitarias por la pandemia y posteriormente hallada sin vida en un calabozo de la Comisaría 25ª.

Aunque inicialmente las autoridades catalogaron lo sucedido como un suicidio, las pericias y el reclamo de la familia derivaron en el procesamiento de los cuatro efectivos bajo la imputación de tortura seguida de muerte.

Con el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) extendido por otros 120 días, la causa afronta una etapa decisiva mientras una parte del pueblo sale a las calles a fijar postura.