"Miedo y preguntas sin respuestas": el descargo de los docentes rurales tras los despidos
Denuncian una "mesa de diálogo" que nunca existió, persecución laboral y difamación por parte de funcionarios para justificar el desplazamiento de profesionales históricos.
A más de diez días de la reunión que había sido programada para el pasado 16 de marzo en el Ministerio de Educación, la comunidad de las escuelas generativas rurales ha decidido romper el silencio. Lo que debía ser “una ’Mesa de Diálogo’ que nunca sucedió, gracias al escarmiento conocido por todos”, se ha transformado en un escenario de incertidumbre donde las respuestas no llegan y el clima se vuelve cada vez más pesado.
La ruptura del diálogo y el impacto de los despidos
El conflicto tiene un antecedente inmediato en el encuentro del 18 de febrero. Sin embargo, tras esa fecha, no hubo comunicación oficial clara ni explicaciones públicas sobre los compromisos asumidos.
Por el contrario, la respuesta fue contundente: “el DESPIDO de coordinadores y docentes de escuelas generativas rurales, muchos de ellos con años de trabajo sostenido y sin antecedentes negativos en su desempeño”.
Desde el núcleo de allegados a los afectados señalan directamente a quienes participaron en la decisión de estas desvinculaciones sin causa: “Luciano Martínez, Olga García, Pablo Fernández y Raquel Acosta, voces autorizadas, representantes del Ministerio”.
Esta situación ha dejado a padres y madres en una sensación de desprotección ante la pérdida abrupta de sus referentes institucionales.
El miedo como nueva norma
La preocupación no solo alcanza a los que se fueron, sino a quienes intentan sostener el sistema desde adentro. Según relata el descargo, la frase que resuena en los pasillos rurales es que “se apagaron las voces”.
Los docentes que continúan en funciones reconocen en el ámbito privado que hoy predomina el temor: “miedo a preguntar, miedo a reclamar, incluso miedo a consultar por sus propios salarios”.
Este contexto de “contratos precarios, inestabilidad y acuerdos poco transparentes” ha golpeado a quienes, según sus propias palabras, sostuvieron las instituciones desde sus inicios, acompañando trayectorias donde “cientos de alumnos lograron egresar sin inconvenientes, obteniendo sus certificados oficiales, donde figuraban estos mismos coordinadores como directores responsables”.
Acusaciones de difamación
El descargo apunta con dureza contra funcionarios que, aun sin haber estado presentes en las reuniones, habrían intentado justificar las bajas con argumentos que los docentes califican de falsos.
Mencionan específicamente a Celeste Aparicio, acusándola de manifestar que los despidos fueron por mal desempeño o amenazas: “Quisieron su minuto de fama difamando a quienes con su excelente labor dejaron huellas imborrables... acomodando a sus familiares en los cargos desplazados, y evidenciando una falta total de idoneidad”.
Los coordinadores aseguran que no existe un solo documento, sumario o sanción que respalde tales dichos. En cambio, denuncian que la carta documento de despido masivo solo cita los artículos 7 y 8 del estatuto del empleado público por ser contratos no permanentes. La conclusión del grupo es amarga: “Este gobierno nos dijo: lo hago porque puedo y porque quiero”.
Un proyecto educativo desarmado
La sensación final que queda en la comunidad rural es que un proyecto educativo que supo construir vínculos está siendo destruido “sin diálogo ni reconocimiento y con más mentiras que verdades”.
Hoy, mientras los cargos son ocupados por nuevos nombres, los docentes originales cierran su misiva con una advertencia sobre el estado actual de las escuelas: “las preguntas siguen abiertas. Y el silencio —cada vez más pesado— también y el temor, latente”.
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