Maíz desaparecido: quiénes mandaban y quién ejecutó la maniobra bajo sospecha

La estructura que describen la investigación judicial y la querella no es difusa ni improvisada: responde a un modelo piramidal donde las decisiones bajaban desde la cúpula política hacia una cadena de ejecución que terminó, según la denuncia, con la desaparición de casi 2.000 hectáreas de maíz.

En la cima aparecen dos nombres señalados como ejes de poder: el entonces secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Juan André Bazla, y el exFiscal de Estado Víctor Endeiza, hoy integrante del Superior Tribunal.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, desde allí se impartían las órdenes y se definía la estrategia.

Para la acusación, el engranaje operativo lo ocupaba Darío Oviedo Helfenberger, exdirector dentro de esa misma estructura. Si bien el exfuncionario insiste que “solo respondía a órdenes de Víctor Endeiza y su jefe Ricardo Bazla”, para la querella, su rol fue clave: habría sido quien facilitó la operatoria administrativa inexistente o irregular, habilitando —siempre según la teoría del caso— la intervención sobre el campo sin expediente, sin informes técnicos y sin respaldo legal.

En el último escalón aparece el ejecutor material: el cosechador Francisco Anselmi. Las pruebas reunidas indican que habría retirado decenas de camiones de maíz sin control estatal y sin registro del destino final de la producción.

La trama suma además un costado político. El asesor del Ministerio de Producción Diego Amondaraín —hermano del ministro de Gobierno Gonzalo Amondaraín— es mencionado como parte del circuito de vínculos, mientras que el ministro de Producción, Federico Trombotto, aparece ligado a la presunta confección de documentación cuestionada.

Según la querella, desde la secretaría de Bazla se habrían generado expedientes y convenios con fechas inconsistentes para justificar a posteriori la intervención.

El cierre del esquema lo aporta la denuncia federal impulsada por Nemesio Baigorria, que llevó el caso a otra escala.

La lectura que hace la querella, encabezada por el abogado Pascual Celdrán, es aún más contundente: sostiene que no se trató de desorden administrativo sino de una maniobra deliberada. Habla de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado, falsificación de instrumento público, uso de documentación adulterada y hasta estafa procesal.

Según su reconstrucción, el punto de quiebre fue el ingreso al campo sin orden judicial ni notificación previa, seguido por la cosecha sin licitación, sin control y sin trazabilidad. El maíz —asegura— desapareció sin dejar rastro documental ni económico.

Celdrán también cuestiona con dureza al Ministerio Público Fiscal (Leandro Estrada), al que acusa de minimizar los hechos y de basar parte de la investigación en la declaración de uno de los propios implicados, mientras —según afirma— se desatienden medidas clave como el rastreo del transporte o el destino de la producción.

En ese relato, el caso deja de ser un expediente técnico para convertirse en una disputa de poder: quién controla la investigación, quién fija la versión oficial y, sobre todo, si la cadena de responsabilidades se corta en los niveles más bajos o alcanza a quienes —siempre según la denuncia— habrían tomado las decisiones.