Los aprietes y sanciones mandan en el municipio comandado por Frontera

El intendente de Villa Mercedes Maximiliano Frontera se ha puesto el traje de mandamás: no permite que no se piense u opine distinto a él.

Esto surge de una denuncia de persecución y hostigamiento contra trabajadores municipales, que en este caso han sido ungidos como delegados gremiales.

Juan Hernán Lucero y Marianela Morales son las víctimas de estos ataques, que son similares al accionar intimidatorio y de mordaza que despliega el aparato del gobierno provincial que no permite ni el más mínimo reclamo.

A Lucero y Morales les enviaron cédulas de notificación oficiales fechadas el 28 de mayo de 2026 y firmadas por el jefe de Programa de Recursos Humanos, Martín I. Orozco. En ellas se dispone el pase a disponibilidad inmediato y además se prohíbe a los delegados volver a ingresar a sus puestos de trabajo habituales.

El motivo del apartamiento es por haberse reunido a defender derechos laborales.

A la par de la difusión de los documentos de castigo a los gremialistas, también los propios damnificados viralizaron un audio de alerta en el que exponen el trasfondo del conflicto.

La denuncia señala que el mecanismo de castigo opera contra quien no se alinee ni responda ciegamente a las órdenes del mandamás municipal, con apercibimientos inmediatos. Como represalia adicional, acusan que se traslada por la fuerza a los trabajadores a destinos laborales ajenos a sus tareas habituales y ubicados en zonas alejadas, con el fin de aislarlos, desgastarlos y disciplinar al resto de los compañeros para que no reclamen.

Frontera y su equipo de colaboradores no emitieron una respuesta pública sobre las notificaciones ni sobre las acusaciones de persecución laboral. “Se mandaron a silencio”, apuntó una fuente municipal.