El día que las reglas cambiaron a mitad del camino

En un acto que solo puede calificarse como inoportuno y extemporáneo, el Ministerio de Educación de San Luis ha dictado la Resolución 75-ME-2026, rompiendo el "contrato educativo" de miles de estudiantes de manera unilateral.

Firmada el 9 de junio, cuando el primer trimestre ya había concluido, esta norma irrumpe en las aulas para imponer exigencias punitivas que las y los estudiantes y sus familias no conocían al comenzar el año.

El esfuerzo invalidado por un número

Quizás el punto más cruel de esta reforma sea la introducción del "requisito excluyente" de obtener un siete (7) o más en el último trimestre para promocionar. Bajo esta lógica, un estudiante que demostró excelencia con notas de 9 y 10 en los primeros tramos, verá su esfuerzo administrativo y pedagógicamente invalidado si tropieza con un 6 al final del ciclo. Se subordina el progreso global de todo un año a una instancia final que contradice la idea de "unidad pedagógica" que la misma resolución dice defender.

La lotería de la educación

La validez pedagógica se desdibuja cuando la acreditación de saberes se deja en manos del azar. La nueva normativa ordena cinco evaluaciones integradoras trimestrales, de las cuales tres se definen por sorteo institucional. Este mecanismo priva al alumno del derecho a la previsibilidad y la información, transformando el proceso de aprendizaje en una incertidumbre constante donde el éxito no depende solo del estudio, sino de la suerte.

Vulnerando el derecho a permanecer

El Ministerio no sólo endurece las metas, sino que retira las redes de contención. Al derogar la Resolución 39-ME-2012, se elimina el mecanismo que permitía a los alumnos de 6to grado con materias adeudadas inscribirse condicionalmente en el secundario para evitar la discontinuidad.

Esta decisión atenta contra el derecho a la permanencia y egreso garantizado por la Ley de Educación Nacional N° 26.206, empujando al abandono a quienes más apoyo necesitan.

Un sistema que castiga en lugar de enseñar

Con un régimen de asistencia que computa medias faltas por retiros de apenas 20 minutos y un límite estricto de 25 inasistencias anuales, la escuela se aleja de su función social para convertirse en un centro de control.

El cambio repentino vulnera la seguridad jurídica y la confianza de las familias en un sistema que debe ser claro y estable.

Resulta una paradoja dolorosa que, en el declarado 'Año de la Educación', el Ministerio haya decidido gestionar el futuro de las y los estudiantes mediante el azar de un sorteo y la frialdad de un número final.

Al imponer requisitos de aprobación desconocidos al inicio del ciclo lectivo, San Luis no solo vulnera la seguridad jurídica; le arrebata a toda una generación la certeza de que su dedicación diaria vale más que una firma inoportuna en junio.

San Luis ha cambiado la planificación pedagógica por la urgencia de una reforma que no enseña, sino que excluye, dejando a las y los estudiantes en un estado de indefensión que compromete su futuro y su derecho constitucional a aprender.