El PJ denunció que fiscales y jueces responden al poggismo

El Partido Justicialista de San Luis emitió un fuerte comunicado titulado “No hay justicia ni democracia cuando se violan las garantías”, en el que denuncia persecución política y la utilización de la Justicia como herramienta de disciplinamiento opositor. 

El texto se refiere a la prisión preventiva dispuesta por el juez de Garantía Santiago Ortiz contra Anabella Lucero, Enzo Lucero y Ezequiel Scarel, quienes deberán permanecer 60 días alojados en el Servicio Penitenciario Provincial. 

Este lunes, después de dos años y medio de investigación y ante un pedido de prórroga 6 meses de para seguir investigando, Ortiz dictó el encarcelamiento de los investigados. Es decir, que durante todo este tiempo no hubo amenaza de entorpecimiento de la pesquisa y peligro de fuga.

Sin embargo ahora el magistrado 'cambió de parecer': sugestivamente visualiza que puede haber obstrucción en la investigación y peligro de fuga.

Para el justicialismo, tal como lo remarcó en su comunicado, la medida constituye "un ejercicio abusivo y desproporcionado del poder cautelar y un gravísimo precedente institucional para San Luis". 

"La prisión preventiva no es una pena anticipada. Es la medida más gravosa que puede adoptar un juez contra una persona que todavía goza del estado constitucional de inocencia y, por ello, nuestro Código Procesal Penal establece que sólo puede utilizarse cuando ninguna otra medida resulte suficiente para garantizar el proceso", señala el documento. 

El PJ remarcó que los tres detenidos "carecen de antecedentes y poseen arraigo familiar" y que "no existe entorpecimiento a la investigación judicial ni peligro de fuga". A pesar de ello, el juez Ortiz "rechazó las alternativas propuestas por la defensa y dispuso su alojamiento durante 60 días en el Servicio Penitenciario, decisión que ya fue sometida a revisión". 

El comunicado va más allá y apunta contra la avanzada sobre un legislador provincial: "A ello se suma el pedido impulsado por el Ministerio Público Fiscal, con adhesión de Fiscalía de Estado, para avanzar sobre los fueros constitucionales del diputado por Pedernera Joaquín Beltrán, buscando que también quede en las mismas condiciones de prisión preventiva, sin haber condena". 

En el tramo más político, el PJ denunció directamente: "Desde el Partido Justicialista denunciamos una preocupante connivencia entre el Gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que terminan siendo funcionales al poder político provincial. La Justicia no puede transformarse en una herramienta para disciplinar opositores, perseguir dirigentes y ciudadanos que piensen diferente". 

Y cerró: "Tenemos que decirlo con todas las letras, desde hace casi tres años los dirigentes de este espacio opositor que defiende a San Luis por sobre todas las cosas, está siendo perseguido y disciplinado judicialmente, convirtiéndose en una situación sin precedentes que viola todas las garantías constitucionales. En San Luis debe regir la Constitución, el debido proceso, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley. Para todos. Sin privilegios para los amigos del poder y sin persecución para quienes piensan distinto".