Mora crediticia, la facilidad del gobierno para convertir la virtud en defecto

Por estos meses el sistema financiero argentino exhibe una paradoja difícil de ignorar. Mientras el crédito al sector privado continúa recuperándose después de varios años de estancamiento, también crece la cantidad de familias que comienzan a tener dificultades para cumplir con las cuotas de los préstamos que ellas mismas tomaron apenas unos meses atrás.

No se trata de un fenómeno aislado ni exclusivamente bancario. Los últimos informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que la morosidad de los hogares registró durante el primer semestre de 2026 el deterioro más importante de los últimos veinte años. El incremento no sólo alcanza a los préstamos personales tradicionales sino también a las tarjetas de crédito y, con especial intensidad, a los créditos otorgados por billeteras virtuales y otros proveedores no financieros.

En principio, podría suponerse que el aumento de la mora es simplemente un problema para las entidades financieras. Sin embargo, la correcta interpretación de este fenómeno es muy distinta: la morosidad constituye uno de los termómetros más sensibles de la situación económica de los hogares. Cuando las familias comienzan a incumplir el pago de sus obligaciones, el sistema financiero registra el síntoma de un proceso que generalmente comenzó mucho antes. Detrás de una cuota impaga suele haber ingresos que perdieron capacidad de compra, gastos cotidianos que crecieron por encima de los salarios y las jubilaciones y un uso cada vez más intensivo del crédito para sostener niveles de consumo que ya no pueden financiarse con los ingresos corrientes.

¿Qué significa realmente estar en mora?

Toda economía moderna funciona sobre la base del crédito. Empresas, familias y gobiernos mantienen deudas de manera permanente. Lo relevante no es la existencia de esas obligaciones, sino la capacidad de cumplirlas en tiempo y forma.

La normativa del Banco Central define la mora como el incumplimiento de las condiciones pactadas para la cancelación de un crédito. Cuando el deudor deja de pagar las cuotas en los plazos establecidos, las entidades financieras deben reclasificarlo de acuerdo con las Normas sobre Clasificación de Deudores, que constituyen uno de los principales instrumentos de supervisión prudencial del sistema bancario argentino.

El esquema es progresivo. El BCRA distingue distintas categorías de riesgo que reflejan el grado de deterioro de la capacidad de pago del cliente. A medida que aumentan los días de atraso, la entidad debe clasificar al deudor en categorías de mayor riesgo y constituir previsiones crecientes para cubrir eventuales pérdidas.

Por esa razón, la morosidad no constituye únicamente un problema para quien tomó el préstamo. También modifica el balance de los bancos, afecta su rentabilidad y condiciona su disposición a seguir prestando dinero. Cuanto mayor es la proporción de créditos en situación irregular, mayor es el costo financiero que debe absorber el sistema y más estrictas tienden a ser las condiciones para otorgar nuevos préstamos.

En otras palabras, el aumento de la mora termina afectando incluso a quienes nunca dejaron de pagar una cuota.

Del auge del crédito al aumento de la mora, o cómo convertir la virtud en defecto

Paradójicamente, el incremento de la morosidad no ocurrió durante una etapa de contracción del crédito sino, precisamente, mientras el financiamiento volvía a expandirse.

Después de varios años de escasa intermediación financiera, durante 2025 los bancos retomaron una política más agresiva de colocación de préstamos. El crecimiento de los créditos personales, el aumento de los límites de las tarjetas y la expansión del financiamiento ofrecido por billeteras virtuales facilitaron que millones de hogares accedieran nuevamente al crédito.

Pero el contexto macroeconómico mostró una dinámica distinta. Mientras el crédito crecía, los ingresos reales de numerosos sectores avanzaban a un ritmo menor que el costo de vida. En ese escenario, una parte importante de las familias comenzó a utilizar el financiamiento no para adquirir bienes durables o realizar inversiones, sino para sostener gastos corrientes: alimentos, medicamentos, servicios y consumo cotidiano.

Los datos recopilados por el CEPA reflejan con claridad ese cambio de comportamiento. Entre octubre de 2024 y abril de 2026, la morosidad de los préstamos personales pasó de 3,3% a 14,9%, mientras que en tarjetas de crédito aumentó de 1,6% a 12,5%. En conjunto, ambos tipos de préstamos concentraban cerca del 73% del saldo irregular de las familias. Aún más preocupante resulta la situación de los proveedores no financieros de crédito: la mora en billeteras virtuales trepó de 7,3% en noviembre de 2024 a 29,6% en mayo de 2026, el nivel más elevado desde que existe registro para ese segmento.

Cuando el salario deja de alcanzar: la provincia de San Luis

Si la evolución de la morosidad puede interpretarse como un termómetro de la capacidad de pago de los hogares, la pregunta inevitable es qué está ocurriendo con los ingresos de las familias.

En San Luis, al deterioro de la masa salarial en las actividades privadas generadoras de empleo (Industria Manufacturera, Comercio y Construcción) una proporción significativa de los ingresos familiares depende, de manera directa o indirecta, del sector público (educación, salud, policía, entre otros). A ellos se suman jubilados y pensionados cuyos ingresos también están estrechamente vinculados a las políticas salariales del Estado.

Durante los últimos años, el poder adquisitivo de los salarios públicos en San Luis atravesó un proceso de fuerte deterioro de su poder de compra sin acompañar la evolución de los precios. Ello redujo la capacidad de compra de los trabajadores estatales provinciales muy por encima de los nacionales.

El resultado fue una pérdida del ingreso real que obligó a muchas familias a modificar sus estrategias financieras.

Así, entre el 15% y el 16% de los habitantes de nuestra provincia se encuentran en una situación de mora crediticia.

Esta particularidad tiene una consecuencia económica inmediata: cuando el salario público pierde poder adquisitivo, el impacto no se limita a quienes cobran un sueldo del Estado. La reducción del ingreso disponible se transmite rápidamente al comercio, a los servicios y a toda la economía local.

En ese contexto, el crédito comienza a cumplir una función distinta de la que tradicionalmente se le debiera asignar.

Del crédito para invertir al crédito para llegar a fin de mes. Un problema que trasciende a los bancos y a los individuos

En términos económicos, el crédito cumple un papel saludable cuando permite anticipar consumo futuro o financiar inversiones que incrementen la capacidad de generar ingresos. Un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, un crédito prendario para comprar un vehículo destinado a una actividad productiva o un préstamo comercial para ampliar una empresa son ejemplos clásicos de esa función.

Sin embargo, cuando los hogares recurren al financiamiento para cubrir gastos corrientes, el significado económico cambia por completo.

Comprar alimentos con la tarjeta de crédito, financiar el pago de servicios públicos, solicitar un préstamo personal para cancelar otra deuda o utilizar el descubierto bancario para afrontar gastos mensuales son señales de que el crédito dejó de complementar el ingreso y comenzó a sustituirlo.

Los informes muestran precisamente esa transformación. El fuerte crecimiento de la mora no estuvo asociado a un boom de créditos hipotecarios o productivos, sino al deterioro de las líneas más utilizadas por las familias para financiar el consumo cotidiano: tarjetas de crédito y préstamos personales. Esa composición resulta especialmente relevante porque refleja que las dificultades de pago se concentran en los hogares y no en las empresas.

Desde esta perspectiva, la morosidad deja de ser un indicador exclusivamente financiero para convertirse en una variable estrechamente vinculada con la evolución de los ingresos reales y al deterioro de la actividad económica en general.

Cada cuota impaga representa también una venta menos para el comercio, una mayor incertidumbre para las empresas y una reducción del consumo futuro. Los bancos responden endureciendo sus criterios de otorgamiento de crédito, elevando las previsiones por incobrabilidad y revisando los límites de financiamiento de los clientes con mayor riesgo.

En consecuencia, se produce un círculo vicioso de retroalimentación del cual un gobierno provincial serio y responsable debería ocuparse.