Zulema defendió a Paulina Calderón: "No se pueden naturalizar los malos tratos"

La sesión de este jueves 10 de septiembre en el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis terminó en otro escándalo institucional.

El conflicto central fue un fuerte cruce verbal entre la concejala del bloque justicialista, Paulina Calderón, y la presidenta del cuerpo, Laura Vanina Sánchez, del oficialismo poggista.

Todo ocurrió durante el tratamiento sobre tablas de un homenaje por el Día del Maestro. Ante las constantes interrupciones y chicanas, Calderón lanzó con firmeza: "La chicana barata me tiene repodrida".

La frase provocó la reacción de Sánchez, quien le pidió que no le faltara el respeto. Tras el altercado, todo el bloque justicialista abandonó el recinto. Solo se quedó el concejal Gastón Témoli para plantear una cuestión de privilegio, que fue rechazada, y luego también se retiró.

El oficialismo terminó por aprobar en soledad el resto de los proyectos. Desde en el peronismo denuncian que no se trató de un hecho aislado. Aseguran que es una metodología sistemática donde se rechazan todos los pedidos de informe y proyectos de la oposición y solo se aprueba lo que presenta el oficialismo.

Así lo expresó en el recinto el concejal Juan Martín Divizia.

En ese marco de tensión, cobró especial relevancia el pronunciamiento de Zulema Rodríguez Saá, que ejerció durante tres periodos consecutivos la presidenta del Concejo Deliberante de la capital puntana y que fue electa por el voto mayoritario de los ediles. Con esa autoridad institucional y moral, decidió romper el silencio para respaldar a su compañera Paulina Calderón.

Recordó que presidir el Concejo implica responsabilidad, templanza y, por sobre todas las cosas, respeto por cada concejal y por la voluntad popular que cada uno representa. Por eso sostuvo que no se pueden naturalizar los malos modos, la soberbia, las interrupciones ni las agresiones desde el lugar de mayor autoridad institucional.

Y apuntó directamente al trasfondo político. Señaló que quien hoy ocupa la Presidencia llegó a esa banca siendo candidata del Partido Justicialista, elegida por la ciudadanía dentro de una propuesta política determinada, y luego decidió abandonar ese espacio para integrar el bloque opositor.

Ese cambio de bando le permitió al oficialismo quedarse con la Presidencia y con todos los cargos de la mesa directiva. El cuestionamiento se vuelve más grave por la denuncia penal que pesa sobre la actual presidenta.

El bloque justicialista denunció penalmente a Laura Vanina Sánchez por utilizar recursos del erario público para financiar los costos operativos de su emprendimiento comercial privado.

Se trata del complejo deportivo de fútbol de salón "Suela 13", de su propiedad. Según la denuncia, la Municipalidad de San Luis costeó de forma deliberada el suministro eléctrico del complejo mediante un medidor registrado a nombre del Estado municipal.

Se incorporaron diez facturas del período agosto de 2025 a mayo de 2026, y la empresa prestataria confirmó que el suministro permaneció a nombre de la comuna desde julio de 2025 hasta junio de 2026.

A su vez, el complejo funcionó desde 2025 sin habilitación comercial y logró avanzar en el trámite pese a observaciones y requisitos pendientes. La acusación alcanza también a la secretaria de Hacienda, Fabiana Malamud, y a la contadora general, Andrea Bustos Lucero.

Frente a todo esto, Rodríguez Saá fue contundente. "Las bancas no son propiedad personal. Son de la ciudadanía que vota y confía en una propuesta política".

"Cuando una persona cambia de bloque para defender intereses personales o particulares, como ha sido públicamente cuestionado respecto de beneficios vinculados a un emprendimiento propio y al uso de recursos del Estado, la sociedad tiene derecho a preguntar: ¿a quién representa esa banca?".

Y agregó: "No se puede hablar de democracia solamente cuando conviene, lo mismo que ocurre con la violencia de género: no se puede hablar de violencia de género solo cuando conviene, pero ejercerla sin tapujos".

Finalmente, pidió coherencia y dignidad. "Si ya no representa al espacio político por el cual fue elegida, si rompió con el mandato político que recibió de la ciudadanía y decidió ponerse al servicio de otros intereses, entonces corresponde que tenga la dignidad y la coherencia de renunciar a la banca que obtuvo como candidata del Partido Justicialista y devolver esa representación al pueblo que la eligió".

"Porque una banca no es un premio personal, ni patrimonio de quien la ocupa. Es una responsabilidad y un mandato popular"