La Universidad y el Municipio estrecharon lazos. El miércoles, mediante la firma de un convenio dejaron por sentado que estudiantes de diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales (FCJES), formarán equipos de trabajo con los funcionarios, y trabajarán sobre tres ejes: la reformulación del código tributario, la elaboración de un digesto ambiental y en un observatorio social. La duración de las prácticas será de un año y medio.
El primer punto a trabajar es reformular algunos aspectos del código tributario municipal actual, que data del 1990, y que ya contenía ciertas modificaciones de su antecesor de 1975.
“Lo importante es la apertura del trabajo, que llevará adelante una comisión permanente de ambas entidades. Siempre ha sido una política de la actual gestión la de trabajar con instituciones públicas y privadas. El intendente (Mario Merlo) nos propuso trabajar en otros lineamientos, otros ejes temáticos, que llegan a la comunidad de manera insoslayable”, describió el subsecretario de Hacienda, Martín Gil. Los involucrados en la práctica serán alumnos de las carreras de Ciencias Económicas.
El cronograma de actividades está pensado en dos etapas, durante 16 meses. En la primera recopilarán información y redactarán la parte general del código, que deberán entregar en diciembre. La segunda etapa incluye los cambios o incorporaciones de los tributos y la narración del cuerpo normativo, que prevén finalizar para fines de julio de 2015.
Por otra parte, a través de un Observatorio Social, introducirán en el régimen de prácticas a los alumnos avanzados de la licenciatura en Trabajo Social. “La tarea es captar, organizar, procesar y difundir datos de información sobre las problemáticas sociales de algún barrio en particular, de manera continua y sistemática, para conocer e informar, de manera que permita diseñar, implementar políticas sociales, desarrollar investigaciones y ejecutar programas de extensión universitaria”, detalló el funcionario. Pretenden contar con un total de 20 alumnos y el área de Desarrollo Social del gobierno local será quien coordine las actividades.
El último punto del convenio está orientado a la elaboración de una Legislación Ambiental. Consistirá de dos etapas: una dedicada al relevamiento, recopilación y exploración de legislaciones existentes; y la otra de análisis, estudio de los miembros de la comisión coordinadora, y la consecuente redacción de la propuesta final.
"Ha aumentado el nivel de alumnos en prácticas profesionales o pasantías. Hoy han venido a acompañarnos y están fascinados porque cuando uno llega a cuarto o quinto, se genera una expectativa de qué hacer. Esto permite darse cuenta que están en condiciones y poner los pies en la tierra, porque a la teoría hay que reforzarla con la realidad, para que no quede fuera de contexto”, apreció el decano Héctor Flores.


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