Lesa humanidad: contradictorio testimonio de una ex jueza

La declaración que brindó la ex jueza de Instrucción de Villa Mercedes, Ruth Gutiérrez Barros de Mezzano, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis durante la última dictadura militar (1976-1983) fue lo más destacado de las tres audiencias realizadas esta semana. La ex funcionaria judicial se presentó en calidad de testigo por la causa en la que se investiga el asesinato del abogado mercedino Dante Bodo el 11 de abril de 1976.

El testimonio generó dudas y especulaciones en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

Los jueces Marcelo Alvero, Héctor Cortés y Oscar Hergott, les solicitaron a los fiscales, querellantes y defensores, antes de que la testigo ingresara en la sala, que tuvieran en cuenta que las preguntas que se le debían realizar sólo podían  basarse en la conducta de terceros y no en su accionar, debido a su calidad de testigo. Sin embargo, a medida que expuso ante el Tribunal su testimonio generó dudas y especulaciones.

La también ex Juez de Faltas de Villa Mercedes contó que el ex juez Federal de San Luis, Eduardo Allende, la llamó ese día por teléfono a las tres de la mañana para avisarle de la muerte de Bodo y le pidió que fuera hasta la Jefatura de Policía debido a que era la jueza de Instrucción de turno en ese momento. En la sede policial la atendió el jefe a cargo de la repartición y que además es uno de los 29 acusados, Nelson Humberto Godoy. La abogada relató que el ex capitán de la Fuerza Aérea le confirmó el hecho y le refirió algunos detalles como el calibre del arma con el que fue ultimado: el de un fusil FAL, el mismo que utilizaban las fuerzas de seguridad.

Consultada sobre si comenzó una investigación, contestó que no, porque el ex juez Allende se había hecho cargo debido a que se lo consideró un delito federal según una resolución que habían dictado las Fuerzas Armadas a cargo del Poder Ejecutivo en 1976. Ese decreto señalaba que debían actuar los jueces federales cuando en el hecho estuviera involucrado un “subversivo”. En cambio confirmó que le entregó el cuerpo a familia cuando se lo solicitaron. Cuando le preguntaron si fue a la morgue a ver el cadáver o al lugar del hecho, respondió que no. También contó que al año siguiente renunció a su cargo porque un abogado del fuero de apellido Segura, con el que tenía amistad, le dijo que los jefes de la V Brigada Aérea no estaban conformes con su desempeño.

Los abogados querellantes, Norberto Foresti y Carlos Pereira, comentaron que la actuación de Gutiérrez Barros de Mezzano es “por lo menos contradictoria”, porque según explicaron “en aquel tiempo en San Luis estaba vigente el Código Penal de 1908, cuyo autor fue Tomás Jofré, que designaba al juez de Instrucción como director del proceso, mientras que relegaba a los fiscales a proponer medidas, pero no podían actuar de motu proprio”.

Esta conducta podría habilitar a los jueces del Tribunal a solicitar la declaración de la ex jueza y enviarla a la fiscalía para que investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, según la especulación que hicieron los querellantes. Además, destacaron que la testigo formó parte de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep).

 Gutiérrez Barros de Mezzano dijo no recordar el asesinato del docente universitario Luis María Früm en Villa Mercedes, como tampoco de que habían aparecido cadáveres dentro de bolsas en algunos puntos de la ciudad, como había declarado el vocal del Superior Tribunal, Omar Uría, cuando trabajó como ayudante fiscal en 1976.

Otro detalle que señaló fue que durante el tiempo que fue jueza de Instrucción asistió varias veces a la Jefatura de Policía y nunca supo que allí hubiera mujeres detenidas, ni conocía de la existencia de “La Rosadita”, la casa donde por debajo de la puerta algunos vecinos de la ciudad dejaban datos sobre dirigentes políticos y sociales, que el político y abogado Ángel Rafael Ruiz había descripto ante el Tribunal en la audiencia del 21 de febrero.