El segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura cívico militar (marzo 1976 a diciembre de 1983) transcurre su séptimo mes y según el análisis de la fiscalía y la querella ya se habrían obtenido suficientes pruebas como para condenar a la mayoría de los 29 acusados. El Tribunal integrado por Marcelo Alvero, Héctor Cortés y Oscar Hergott investiga la desaparición forzada y asesinatos de 11 personas ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y San Luis. Además de la privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos y torturas sobre otras 26 víctimas.
Foresti: "Hay material de sobra para condenar a los imputados, aunque todavía están pendientes otros cincuenta testimonios"
Son 25 los imputados que están alojados en la Penitenciaría local y otros 3: Esteban Plá, Carlos Ozarán y Miguel Fernández Gez; cumplen condena en Buenos Aires. También está imputado Luciano Benjamín Menéndez, pero fue apartado del debate porque afronta otros dos procesos en Córdoba y La Rioja.
El fiscal Federal Cristian Rachid comentó sobre la marcha del juicio oral y público que “uno de los objetivos que estamos logrando es desvirtuar todas las pruebas documentales que hacían unilateralmente los mismos imputados, justamente para acomodarlas y lograr impunidad a futuro. Con los testimonios presentados hemos logrado revertirlas y eso nos está dando muy buenos resultados en cuanto a la imputación de la represión ilegal”.
El funcionario no quiso adelantar qué pedirá en el alegato porque, “en este momento no puedo hablar de montos específicos de las condenas que la fiscalía va a solicitar. Pero las imputaciones con las que arribaron al juicio, hasta ahora hemos logrado reunir las pruebas como para mantenerlas en su totalidad”. Y detalló que “son gravísimas, por supuesto, porque en todos los casos se viene probando la asociación ilícita y en varios de ellos la privación ilegítima de la libertad, los tormentos agravados y el homicidio”.
Rachid destacó que por medio de la declaración de algunos testigos se pudo detener y procesar a otras dos personas: Omar Caram y Alberto Camps, cuya situación procesal está en etapa de instrucción. “Hay que tener en cuenta que el debate oral y público permite detallar y profundizar sobre hechos que se pueden escapar en la etapa de la instrucción, donde sólo intervienen el fiscal, el testigo y la querella. En el debate esto resurge y se pueden conocer nuevos responsables y otras víctimas”.
Norberto Foresti, abogado querellante, dijo que “hay material de sobra para condenar a los imputados aunque todavía están pendientes 50 testimonios de personas que viven en distintas localidades”. Destacó que desde que comenzó el juicio pudieron incorporar más testigos y pruebas: "Creemos que con todo lo presentado hasta ahora, la prueba es abrumadora en contra de la gran mayoría de los acusados”.
Explicó que los más comprometidos “son aquellos que formaron parte de jefaturas o de la plana mayor que se dio en llamar la comunidad informativa. Fernández Gez, Plá, López, Ozarán o Godoy, por ejemplo, están imputados como autores mediatos que son aquellos que la doctrina denomina como los del escritorio. Que no es el que ejecuta los allanamientos pero sí los ordena u organiza la privación ilegítima de la libertad o la aplicación de torturas”.
Consideró la actuación del Tribunal como "ecuánime" y destacó que "hay que tener en cuenta que lo que se juzga aquí son crímenes de lesa humanidad que tienen características propias, establecidas por organismos internacionales y son diferentes al resto de los delitos comunes. Por eso a veces los defensores se confunden y no tienen en cuenta que en estos delitos la palabra de la víctima cobra una relevancia importantísima en relación al tema de las pruebas que puedan mostrar ellos como defensores”.
Foresti recordó que dos testigos que la querella logró incorporar pudieron desacreditar las versiones policiales en los casos de la desaparición de Domingo Chacón y el asesinato de Raúl Cobos. Ellas fueron Lilia Farut y María del Carmen Agüero.


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