Un juicio de siete años que terminó en una sonora derrota

Los holdouts que rechazaron las propuestas de reestructuración ofrecidas por la Argentina en los años 2005 y 2010 canalizaron sus demandas judiciales acusando al país de incumplir la cláusula de igual tratamiento de acreedores ("pari passu"). 
Las primeras demandas de los fondos "buitre" comenzaron en 2007, dos años después de la primera reestructuración hecha por el entonces ministro de Economía Roberto Lavagna y por su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen.

El Gobierno dijo que con los dos canjes de deuda mostraba voluntad de pagar. No le creyeron.

Tras varias presentaciones, a esos primeros acreedores se les unieron otros fondos y particulares, hasta sumar 7% de los acreedores. En la llamada cláusula de "pari passu" hallaron el motivo para sustanciar su reclamo.
En febrero de 2012, el juez de Nueva York Thomas Griesa les dio la razón a los holdouts que plantearon la violación de parte de la Argentina de la cláusula de un tratamiento igualitario y cuantificó la sentencia en 1.300 millones de dólares.
La Argentina apeló ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, la que ratificó el fallo del juez y además le pidió al magistrado que precise la forma de pago. Griesa determinó que su fallo debía cancelarse en "un solo pago y en efectivo".
La Argentina apeló la decisión y la misma Corte de Apelaciones dejó firme el pensamiento de Griesa.
En medio de esos trámites, la Argentina reabrió el canje de deuda en 2010, para mostrar voluntad de pago e intentar mejorar su imagen frente a la Justicia de EE.UU.
Los holdouts reclamaron que se obligue a los bancos a que entreguen información sobre activos embargables de la Argentina en distintas partes del mundo (proceso denominado "Discovery").
Entonces la Argentina le reclamó en 2013 a la Corte Suprema estadounidense que revise las sentencias de los tribunales inferiores, argumentando que hizo dos canjes de deuda bajo sus facultades de Estado soberano. Pidió que la causa sea analizada como un litigio entre privados y un Estado soberano, en rechazo de la interpretación de Griesa.
Finalmente la Corte no accedió a revisar esos fallos, con lo cual la primera sentencia queda firme, aunque todavía bajo un amparo dictado por Griesa. Además, los jueces avalaron los pedidos para obtener información sobre activos embargables de la Argentina.