Con el propósito de ejercer mayor control en el tratamiento de efluentes cloacales en toda la geografía puntana, el Gobierno sanluiseño impulsa una ley que lo facultará para fiscalizar cada aspecto del servicio. El Senado provincial dio ayer media sanción al proyecto, que define al Ministerio de Medio Ambiente como autoridad de aplicación, y establece las zonas aptas para instalar las plantas. Ahora el proyecto deberá ser tratado en la Cámara baja.
"La ley respeta la autonomía municipal; porque las intendencias tienen competencia originaria"
Si bien la provincia realiza constantemente relevamientos en las plantas de efluentes, no contaba con una herramienta legal que agilice los controles. Esto motivó la confección del proyecto.
La senadora por el departamento Belgrano, Mabel Leyes, fue la encargada de fundamentar en el recinto legislativo, y remarcó que “la ley respeta la autonomía municipal”, porque “las intendencias tienen la competencia originaria de la administración, gestión y mantenimiento de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales”.
Al respecto enfatizó que el espíritu de la propuesta es el trabajo mancomunado, articulado, la coordinación de esfuerzos.
El texto del proyecto legislativo explica que los servicios “quedarán sometidos al control que ejercerá el Estado provincial”, por lo que los municipios deberán efectuar los ajustes y ejecutar las obras de mejora y actualización que el Gobierno indique. Es que el proyecto apunta también a emprender la modernización de las plantas.
La legisladora Leyes subrayó que “el objetivo es coordinar y articular las acciones y esfuerzos conjuntos entre el Municipio y el Estado provincial como eje de contralor”. También aclaró que ley prohibirá la construcción de las plantas de tratamiento “sean públicas, privadas, comerciales o industriales, o de cualquier otra índole, en las márgenes de ríos, lagos, embalses, espejos o cursos de agua, permanentes o transitorios”.
La excepción a esta regla será evaluada cuando no haya otra opción por condiciones técnicas, accidentes geográficos, o casos extraordinarios, pero deberán contar con el aval de un estudio de impacto ambiental, y adoptar las medidas de seguridad para prevenir filtraciones, derrames o vertidos hacia recursos hídricos.
Como presidente de la Comisión de Salud en el Senado, Leyes centró su discurso en ese aspecto y expresó que el Estado “debe contribuir con medidas concretas que tiendan a garantizar el derecho a la salud y asegurar la calidad ambiental para los sanluiseños”.
En relación al fin último de la propuesta, Leyes afirmó: “El tratamiento de una planta debe ser efectivo, con el resultado lógico de un efluente cloacal reciclado o reutilizable como sucede en otros países y como se propone a través de este proyecto de ley”. Y agregó que el Ministerio definirá qué tipo de controles y las formas y modalidades de fiscalización para cumplir con lo que prescriba la legislación.
Como autoridad en la materia, cuando la ley esté sancionada, el Ministerio de Medio Ambiente podrá fiscalizar libremente las plantas situadas en cualquier punto de la provincia y hasta solicitar a la fuerza pública de ser necesario para realizarlo. También estará facultado para solicitar informes o documentación y establecer recomendaciones, intimaciones y sanciones si detecta malos funcionamientos. Ante irregularidades el Ministerio tendrá la posibilidad de aplicar multas, y de no ser pagadas, podrá gestionar la retención de fondos coparticipables. Las multas irán de 500 litros de combustible, del mayor octanaje sin plomo, a 700 mil litros.
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