Ponce condiciona la construcción de las mil casas en San Luis

La Municipalidad de San Luis convocó ayer a la prensa como testigo de que daba factibilidad a cuatro empresas para que continúen el proceso administrativo con el gobierno provincial por las mil viviendas, que debieron adjudicarse hace 12 días, y están en suspenso porque la Intendencia negó el permiso para la obra. Pero incorporó una serie de condicionamientos e indefiniciones que dejan a la situación en el mismo punto de partida. Ahora exigen a las empresas la construcción de una planta compacta o biodigestores para el tratamiento previo de los residuos. Y piden la compra de camiones compactadores de residuos y colectivos para el transporte urbano. 
El ministro de Hacienda y Obras Públicas de la provincia, Néstor Ordóñez, señaló  que lejos de tomar el anuncio municipal como un avance, considera que "estamos igual que ayer o peor", porque las notificaciones no precisan dónde las plantas compactas se conectarán con el sistema cloacal, ni dónde se harán las conexiones de agua, entre otras indefiniciones. También, señaló que tampoco está claro en los escritos quién deberá comprar los camiones para recolección de basura y los colectivos para Transpuntano, pero de todos modos, explicó que si son las empresas, lo trasladarán al costo global de la obra, por lo que será la Provincia quien financiará los vehículos con los que la Intendencia recauda. Y subrayó que nunca antes se pidió un requisito que no estuviese relacionado con algo estructural. Ordóñez, además, remarcó que los datos de infraestructura que no especificó el Municipio son cruciales para la información que las compañías deben presentar antes de adjudicar las obras, y recordó que el viernes es el último plazo para avanzar o puede fracasar la licitación. 
Condiciones inapelables
El secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano municipal, Enrique Picco dijo que harán cumplir la ordenanza 2847, de 2001, que rige los parámetros para las urbanizaciones, y que avala para dar factibilidad a la petición de obras complementarias y equipamientos para brindar los servicios públicos. Explicó que exigirán para la obra “incorporar al patrimonio municipal”, un camión compactador de residuos y vehículos para el transporte público, debido a que se planteará la necesidad de extender recorridos. Otro punto de conflicto para el Municipio fue que las habilitaciones se pidieron para terrenos rurales donde no se puede construir viviendas, según lo establece el Código Urbanístico. Picco manifestó que en el caso de tres empresas hubo que “flexibilizar el Código” para otorgar los permisos. El secretario de Servicios Públicos municipal, Ramón Zarrabeitia, dijo que las factibilidades para las firmas Alquimaq, Lumma, Indyca y PVP se extendieron “luego de que dieran cumplimiento a todas las exigencias”. El funcionario indicó que la Intendencia decidió que el tratamiento de los efluentes debe hacerse antes de ser volcados en las colectoras o en el cuerpo receptor. Y manifestó que no se condiciona a las empresas sobre el tipo de tratamiento, sólo que debe estar en funcionamiento antes de habilitar las viviendas.