Piden que revean la habilitación de un taller ubicado en un espacio verde

Todos los días y hasta altas horas de la noche, Alicia Pallero y su esposo Julio Peñaloza escuchan los ruidos molestos de un taller de chapa y pintura que está ubicado al costado de su casa, en el barrio Amep. El local funciona desde hace 20 años en un espacio verde que un vecino expropió y del cual no se quiere retirar pese a las reiteradas denuncias y órdenes de clausura. Los vecinos dijeron que a finales de 2014 un juez logró el cierre, sin embargo en marzo la Municipalidad le dio habilitación comercial. Los afectados piden que la Comuna revea la causa. 

"A pesar de todas las denuncias le dieron legitimación comercial y nosotros tenemos que seguir soportándolo"

“Cuando la actividad del taller empezó intentamos hablar con Juan Antonio Sosa, el que montó la estructura. No pudimos,  además de ser un hombre violento no sabe escuchar. Entonces lo denunciamos al Juzgado de Faltas. A lo largo de los años lo clausuraron más de 10 veces, pero fue como si nada. Le ponían las vallas, él las sacaba y seguía trabajando en un espacio público que no le pertenece. Sin habilitación y con una conexión de luz que baja desde su casa”, contó Pallero. 
Alejandro Ferrari, juez de Faltas corroboró la historia de los vecinos. “Es una situación sumamente irregular, la verdad es que me resulta imposible que Sosa aún continúe en actividad porque tiene varias causas judiciales”.
El taller en cuestión está situado en las calles Berta Vidal de Battini y Vélez Sarsfield. Justo al lado del monoblock del matrimonio y la casa de su otro vecino, Carlos Sosa. 
Luego de más de 10 órdenes de clausura, varias denuncias policiales y apariciones en los medios, el matrimonio, junto a Carlos Sosa y el abogado Rodolfo Luis Mercau presentaron notas al intendente Ponce, pero aseguraron nunca recibir respuestas. El asunto dio un giro cuando a finales del año pasado el juez de Instrucción Sebastián Cadelago Filippi logró la clausura permanente, pero la orden no duró mucho porque en marzo la Comuna le otorgó la habilitación al mecánico. 
“El juez lo demoró todo lo que pudo, pero al final cedió a las ordenes del Municipio. A pesar de todas las denuncias le dieron legitimación comercial y nosotros tenemos que seguir soportando todo el escándalo que hace con los coches”, indicó Peñaloza. 
Cadelago a su vez brindó una versión más completa de los hechos. “A Sosa le habíamos clausurado el lugar, como incumplió se le armó una causa penal. A mí la Municipalidad no puede ordenarme nada, si el lugar está en funcionamiento es porque la misma Comuna le dio la habilitación comercial y yo con eso no puedo hacer nada. Está fuera de mi competencia. Por ende tuve que retirar la clausura”. 
Lejos de rendirse, los afectados mostraron  una nota firmada por su abogado y elevada a la Intendencia en setiembre. En el escrito el letrado detalla que la Municipalidad ni siquiera ha ido al barrio a comprobar los ruidos molestos y que han hecho caso omiso a la desobediencia de la orden judicial. Además explaya que el denunciado “invoca haber pagado a los funcionarios por el favor, lo que trata de un delito previsto. La nota finaliza con "ante la negativa a contestar mínimamente las presentaciones y reclamos, me autoriza a iniciar un proceso judicial".
“Somos ciudadanos y cumplimos con todo. Lo único que queremos es que Ponce nos reciba y escuche. Queremos que revean todo. Cómo puede ser que un hombre vaya en contra de dos jueces”, argumentó Pallero.