El veredicto del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en San Luis, Villa Mercedes, La Toma y Luján durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) se conocerá el próximo viernes 10 de abril. Luego de la audiencia que se realizó ayer, el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Marcelo Alvero, Héctor Cortés y Oscar Hergott anunciaron que Marcelo González Moure será el último imputado en dar su descargo ese día y luego los magistrados anunciarán las penas que le aplicarán a los 29 imputados. Y recién a los 40 días harán públicos los fundamentos que le servirán tanto la Fiscalía como a la querella y a los abogados defensores para plantear las futuras apelaciones que consideren necesarias.
El fiscal Federal Cristian Rachid explicó que el procedimiento para el dictado de la sentencia en un juicio oral y público como éste es el siguiente: "Primero deben convocar a todos los imputados y darles la posibilidad de que digan sus últimas palabras, recién después están en condiciones de dar a conocer las penas. Previamente los tres magistrados deben mantener una reunión fuera de la sala de audiencias. Lo que establece el Código es que esa deliberación debe hacerse en el mismo lugar donde se tramita el debate y una vez que alcanzaron la decisión, deben darla a conocer en la sala. Mientras que los fundamentos pueden llevar hasta 60 días según la complejidad del caso”.
Si bien en la audiencia de ayer quedaba un imputado por hablar, los jueces anunciaron que González Moure tendría su oportunidad el viernes 10 de abril, con lo cual el fiscal interpretó que “el Tribunal se tomará dos semanas para terminar de consensuar las condenas y ese mismo día las hará públicas. Con lo cual el 10 de abril técnicamente el juicio se termina. Después avisarán cuándo se conocerán los fundamentos, que es la parte técnica de la sentencia, donde ellos valoran los artículos del Código Penal que se les aplica, la jurisprudencia y las pruebas en las que se basaron”.
Los siete imputados que tomaron la palabra en las dos últimas audiencias fueron cuatro ex integrantes de la Policía de la provincia, Enrique Andrés Ortuvia Salinas (oficial), Rafael Leyes (principal), Omar Lucero (oficial de Informaciones) y Luis Orozco (cabo). Hugo Cremonte (inspector) de la Policía Federal y tres oficiales del Ejército: Alberto Moreira (ex teniente del GADA 141), Carlos Esteban Plá (ex capitán y subjefe de la Policía provincial) y Miguel Ángel Fernández Gez (ex coronel y jefe del Comando del GADA 141).
Fernández Gez, quien cumple condena a prisión perpetua en su domicilio en Buenos Aries, dio sus últimas palabras desde la sede de Tribunales Federales en Comodoro Py a través de videoconferencia. Leyó un extenso descargo de 9 puntos, que era un resumen de la declaración brindada en oportunidad que los jueces le ofrecieron ampliar su indagatoria. Descalificó cada una de las acusaciones que le realizaron los abogados querellantes y la fiscalía, y recordó que de los 33 casos que se le imputan, 19 ya fueron juzgados en el juicio anterior. Insistió en que su jefatura sólo se limitó a tareas administrativas y que simplemente cumplió órdenes de identificar, detener y entregar a la Justicia y al Poder Ejecutivo Nacional a las personas que le ordenó quien sí desempeñó la jefatura del GADA 141, el teniente coronel Juan Carlos Moreno.
Carlos Esteban Plá, quien está condenado a prisión perpetua y cumple condena en el penal de Ezeiza, también usó el mismo sistema. Leyó su descargo en cinco minutos y reiteró que consideraba nulo a este nuevo juicio, que eximía a sus subalternos de cualquier responsabilidad y en cambio asumió la suya en estricto cumplimiento de las órdenes que le impartieron los jefes militares (Juan Carlos Moreno) y policiales (David Becerra).
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