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El Tribunal dará el veredicto del 2º juicio por lesa humanidad

Por redacción
| 10 de abril de 2015
La gente se convocó en la esquina de las calles San Martín y Junín para escuchar el veredcto de los jueces. Foto: Marina Balbo.

Luego de 15 meses de audiencias orales y públicas el Tribunal Federal Nº 1 de San Luis dará a conocer  el veredicto a los 29 imputados del segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura cívico militar (24 marzo de 1976-10 de diciembre de 1983). Los jueces Marcelo Alvero, Héctor Cortés y Oscar Hergott citaron para las 10 al acusado Marcelo González Moure a dar sus últimas palabras y terminado ese trámite pasarán a la lectura del veredicto que se realizará en el segundo piso del edificio de Tribunales Federales ubicado en avenida Illia 36, sede del Correo Argentino.

 

A los imputados se los acusa de haber perpetrado cinco muertes y seis desapariciones en San Luis, Villa Mercedes, La Toma y Luján.


Los magistrados tendrán hasta 60 días para dar a conocer los fundamentos de esa sentencia que le servirán tanto a la Fiscalía, como a la querella y los abogados defensores, para plantear las futuras apelaciones que consideren necesarias.
Los hechos que se debatieron fueron la privación ilegítima de la libertad, torturas y posterior de-saparición forzada y/o asesinatos de Raúl Sebastián Cobos, Vicente Rodríguez, Rafael Roberto García, Nolasco Leyes, Pedro Valentín Ledesma, Graciela Fiochetti, Santana Alcaraz, Raimundo Dante Bodo, Luis María Früm, Adolfo Enrique Pérez y Domingo Hideyardo Chacón. También se incluyeron las detenciones ilegales, torturas y vejaciones contra por lo menos, otros 26 sobrevivientes que fueron a dar su testimonio ante los magistrados.
Aunque las víctimas, sus familiares y los abogados querellantes que integran la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) llegaron a este segundo debate con la expectativa de conocer de boca de los acusados dónde quedaron los restos de Alcaraz, Chacón, García, Ledesma, Leyes y Pérez, de quienes se sabe estaban en San Luis cuando se los vio por última vez, nada se pudo esclarecer sobre sus desapariciones. Incluso el miércoles la hermana de una de las víctimas, Guillermina Ledesma, les envió una carta a la Penitenciaría a cada uno de los imputados que están alojados allí para que aporten alguna información sobre su hermano Pedro Valentín quien fue detenido el 20 de setiembre de 1976 en un operativo conjunto del Ejército y la Policía provincial en la calle San Juan del barrio Jardín Sucre. Al día siguiente su padre, Segundo Ledesma, fue a retirarlo de la comisaría segunda, y a las pocas cuadras dos autos sin identificación con personal de las fuerzas de seguridad que estaban armados lo secuestraron y nunca más se supo de él.
De los 29 imputados, 11 pertenecían al Ejército y cumplían funciones en el Gada 161. Entre ellos el ex coronel Miguel Ángel Fernández Gez quien era el jefe del Comando al momento en que se produjeron estos delitos y que además cumple condena de prisión perpetua (domiciliaria) ya que fue encontrado culpable en el primer juicio que se sustanció entre 2008 y 2009. Dentro de los integrantes del Gada está el ex capitán Carlos Esteban Plá quien se desempeñó como subjefe de la Policía Provincial y también fue condenado a la misma pena que Fernández Gez en el juicio anterior, aunque en su caso cumple condena en el penal de Ezeiza (Buenos Aires). Ambos participaron en algunas de las audiencias a través del sistema de videoconferencia. De la Policía de la Provincia también hay 11 acusados, de la Federal son 4 y 2 fueron ex integrantes de la Fuerza Aérea con asiento en la V Brigada Aérea. Y el único civil es el médico anatomopatólogo, Vicente Moreno Recalde, quien en el año 1976 fue integrante de la Policía de la Provincia como jefe de Criminalística.
Durante sus alegatos los fiscales federales Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid destacaron que luego de un año de debate oral y público “quedó acreditado que todos los imputados cometieron delitos desde el aparato estatal contra la población civil por fuera de la ley”. También desarrollaron la hipótesis de que “hubo una actuación promiscua” en la mayoría de los casos, la que explicaron de esta manera: "Los imputados estaban en todos lados: secuestraban, torturaban, mataban y los desaparecían”. Por eso le solicitaron al Tribunal Oral Federal que condene a prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua con accesorias legales y costas a 14 de los imputados. Y en parte coincidieron con el  pedido de los querellantes Norberto Foresti y Carlos Pereyra Malatini quienes lo hicieron para 13 de ellos. En cambio los defensores, tanto los dos oficiales (Eduardo Bahamondes y Ramiro Dillon) como los privados, reclamaron la nulidad de todo lo actuado y formalmente argumentaron que sus clientes eran “inocentes”.

 


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