El dueño de la licorería volvió a violar la clausura y fue preso

El caso de la licorería “Winery” sentó un precedente y quedará en la historia. Su propietario es una suerte de "violador serial" de las clausuras que le impuso el Juzgado de Faltas: ya acumula 13. Pero además se convirtió en la primera persona en ser detenida por desobedecer una orden dictada por la justicia comunal y estará alojado en una comisaría al menos hasta mañana.

El jueves, inspectores de la Unidad de Control e Inspecciones Municipales (UCIM) acompañados por la Policía tuvieron que accionar dos veces en la mañana para que se cumpliera la clausura y el cierre dispuesto por la jueza de Faltas, Mónica Fernández, al constatarse que había vendido alcohol en el horario prohibido. El oficio ordenaba la clausura por 35 días y una multa económica de 10.625 pesos con una sentencia que estaba firme desde fines de septiembre pero que en cuatro oportunidades había sido impedida, hasta ese momento, ya que el propietario había quitado las fajas y vuelto a abrir sus puertas. Aunque parecía que el comerciante finalmente había cedido el jueves, ese cumplimiento duró apenas unas horas.

“Nos enteramos que la noche del jueves había vuelto a abrir el comercio. Notificamos a la jueza de Faltas de esta situación y el viernes por la tarde fueron los inspectores pero estaba cerrado. Volvieron pasadas las 20 de ese mismo día y encontraron el local abierto y el propietario trabajando. La propia jueza de Faltas encabezó el operativo y se comunicó con el juez Contravencional, Santiago Ortíz, quien ordenó la detención del dueño”, explicó Mario Alonso, jefe de Asesoría Legal en la Comuna.

Esa noche, en la esquina de avenida 25 de Mayo y Manuel Láinez, todo parecía normal: el comerciante había vuelto a quitar las fajas de clausura, colocó las mesas y sillas en la vereda y atendía a los clientes con total normalidad. Cuando llegaron las autoridades, acompañados otra vez por efectivos de la Policía provincial, no hubo insultos ni violencia, pero el dueño fue llevado hasta la comisaría 12ª.

“Para el vecino normal hay actitudes normales: clausuras de 24 o 48 horas, alguna multa; pero distinto es el infractor que enfrenta el orden municipal, aquí están desafiando el orden comunitario y en una sociedad como la nuestra, si no respetamos las normas que rigen la convivencia es muy difícil vivir. El Municipio irá a fondo en esta situación, nos vamos a presentar como particulares damnificados en la justicia ordinaria y aportaremos pruebas y todo lo necesario para que se cumpla la ley”, explicó Alonso.

La Municipalidad destinó un móvil e inspectores que, de ser necesario, contarán también con apoyo policial, para que custodien la esquina de “Winery” y controlen que nadie vuelva a violentar las fajas de clausura.

Detenido todo el fin de semana

Ayer antes de las once de la mañana  Franco Fernández, el propietario de la polémica licorería, fue trasladado desde la Comisaría 12ª hasta los tribunales. Allí, prestó declaración indagatoria ante el juez de Instrucción Contravencional y Correccional, Santiago Ortíz, pero continúa detenido.

“En este caso se va a investigar si incurrió o no en una desobediencia a la orden dictada por el Tribunal de Faltas. El comerciante continuará detenido en la comisaría 12ª, y ahora debo producir la prueba y resolver su situación en 48 horas, tengo plazo hasta el lunes”, dijo el magistrado.

Ortíz apuntó además que es la primera vez que se llega a la detención de un infractor que incumple la orden dispuesta por el Juzgado de Faltas, aunque podría haber otros. “Estamos recibiendo varias actuaciones derivadas de la jueza de Faltas por incumplimiento de sus disposiciones y están todas en trámites, pero este es el primer caso en el que la persona queda en la comisaría”, explicó.

Un proyecto en análisis en el Concejo

En la semana, el concejal Oscar Montero presentó un proyecto de ordenanza referido a los comercios que son clausurados y deben ser custodiados por efectivos policiales y/o inspectores municipales. La idea es que el infractor pague el servicio adicional de la Policía o los gastos que deba enfrentar la Comuna para destinar personal o móviles. Se fija un costo diario de 2.250 pesos, cifra que surge del equivalente a pagar un oficial de policía adicional en tres turnos de 8 horas. El proyecto ya tuvo despacho de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y podría ser tratado en la próxima sesión del martes.